Salta recibirá fondos anticipados: El Gobierno de Milei activa un reparto clave en medio de la caída de ingresos

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de asistencia financiera que incluye a la provincia de Salta dentro de un grupo de jurisdicciones que recibirán fondos coparticipables de manera anticipada.
La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y contempla la distribución de hasta 400.000 millones de pesos entre un total de 12 provincias. Se trata de recursos que corresponden a las propias jurisdicciones, pero que serán girados antes de lo previsto para cubrir necesidades financieras inmediatas.
El esquema se implementa en un contexto de caída en los ingresos. De acuerdo con datos de la consultora Politikon Chaco, las transferencias automáticas registraron una baja real del 6,4% durante el primer trimestre del año. En la misma línea, el Centro de Economía Política Argentina informó que la coparticipación mostró una caída interanual del 7% en marzo.
El mecanismo establece que los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal y fija una tasa del 15%, significativamente menor a la que ofrecen los mercados financieros, donde el costo del endeudamiento puede oscilar entre el 30% y el 45%.
La asignación de los montos estará a cargo de la Secretaría de Hacienda, que evaluará la capacidad de repago de cada provincia. A diferencia de esquemas anteriores, el sistema actual establece un tope global para la distribución de los adelantos.
Además de Salta, las provincias alcanzadas por la medida son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En tanto, Entre Ríos ya había sido incorporada previamente al esquema.
El objetivo central de la medida es garantizar liquidez en el corto plazo y evitar que las provincias deban recurrir a financiamiento más costoso para sostener gastos corrientes, especialmente en áreas sensibles como salud, educación y seguridad.
La inclusión de Salta en este esquema refleja el impacto del contexto económico en las finanzas provinciales y la necesidad de herramientas que permitan sostener el funcionamiento del Estado en el corto plazo.
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