Ajuste en Salta: Congelan sueldos y frenan gastos por 180 días para sostener la provincia en plena caída de recursos

En un escenario marcado por la caída de ingresos y la retracción del consumo, el Gobierno de Salta puso en marcha un plan de austeridad por 180 días que implica el congelamiento de salarios de funcionarios, la suspensión de nuevas contrataciones y una fuerte reducción del gasto administrativo.

La medida fue confirmada por la vocera oficial, Paula Benavides, quien explicó que el decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz responde a la disminución de los recursos coparticipables, producto de la caída del consumo a nivel nacional.

Según se detalló, el congelamiento salarial alcanza a toda la estructura política y jerárquica del Ejecutivo provincial, incluyendo al propio mandatario, ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de organismos descentralizados, empresas estatales y entes autárquicos. A su vez, se dispuso la suspensión total de nuevas contrataciones en el Estado.

El decreto también establece restricciones en otros aspectos del gasto público. Entre ellos, se prohíben los viajes oficiales al exterior (salvo en casos excepcionales), se eliminan los gastos de protocolo y cortesía, y se ordena revisar en un plazo de 60 días los contratos en moneda extranjera para renegociar precios.

Además, los organismos descentralizados deberán presentar informes mensuales al Ministerio de Economía, mientras que se reforzará el control sobre el uso de vehículos oficiales y el consumo de combustible.

Desde el Ejecutivo se indicó que la decisión apunta a reorganizar las finanzas provinciales sin trasladar el impacto a la población. En ese sentido, Benavides remarcó que el ajuste se concentra en el funcionamiento interno del Estado y que se mantendrán políticas de acompañamiento en áreas sensibles.

Entre ellas, se destacó la continuidad de subsidios al transporte, el pago del incentivo docente y la asistencia a instituciones vinculadas a la discapacidad, como el caso de Hirpace, cuyos servicios básicos son cubiertos por el Estado provincial.

El contexto económico también se ve agravado por medidas nacionales, como la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que afecta a más de 53.000 beneficiarios en Salta y representa una pérdida estimada de 4.000 millones de pesos mensuales en la economía local.

Según se explicó, estos fondos tenían un impacto directo en el consumo en comercios de cercanía, por lo que su interrupción genera un efecto inmediato en la actividad económica cotidiana.

En paralelo, el Gobierno provincial continúa desplegando operativos de asistencia en zonas afectadas por emergencias climáticas. De acuerdo a los datos oficiales, se realizaron más de 100 vuelos con alimentos, agua y medicamentos de difícil acceso, mientras que en departamentos como Rivadavia se distribuyeron miles de módulos alimentarios.

Asimismo, se informó que más de 35 municipios recibieron asistencia con insumos básicos, en el marco de un operativo coordinado entre distintas áreas del Estado.

En cuanto a infraestructura, se destacó que las obras ejecutadas en el río Pilcomayo (como defensas, alteos y mejoras en rutas) permitieron reducir riesgos y contener el impacto de las crecidas.

El decreto de austeridad, que invita a otros poderes del Estado a adoptar medidas similares, se enmarca en una estrategia de administración de recursos frente a un escenario económico adverso, con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios esenciales en toda la provincia.

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