Escándalo en EDESA: Empleado quedó con una deuda millonaria y apunta contra un directivo

Una denuncia penal presentada ante la Justicia salteña abrió una investigación que involucra a un directivo de EDESA y expone una presunta maniobra que terminó con un trabajador endeudado por más de 17 millones de pesos y posteriormente desvinculado de la empresa.

El expediente, caratulado como “Amenazas y Estafa”, quedó bajo análisis de la Fiscalía Penal N° 1 de Salta. La presentación apunta tanto a los autores del fraude como a las conductas que, según el denunciante, habrían facilitado el desarrollo de los hechos dentro del ámbito laboral.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, todo comenzó el 29 de octubre de 2025. Ese día, el empleado, que cumplía funciones administrativas vinculadas al sector de pagos, recibió una comunicación de una supuesta firma denominada “Deudor”. Desde ese contacto le indicaron que debía completar una validación biométrica para evitar inconvenientes relacionados con su situación financiera.

Ante la situación, el trabajador asegura haber informado inmediatamente a su superior jerárquico. Sin embargo, sostiene que lejos de recomendarle interrumpir el contacto, recibió instrucciones para continuar con las conversaciones y avanzar con el procedimiento que le proponían los interlocutores.

La denuncia detalla que mientras permanecía en las instalaciones corporativas de la empresa y durante su jornada laboral, comenzó a seguir las indicaciones de personas que se presentaban como operadores especializados. A través de una videollamada realizada por Messenger, le solicitaron compartir la pantalla de su teléfono celular con el argumento de efectuar simulaciones vinculadas a trámites financieros.

Según consta en la presentación judicial, en ese contexto se habría gestionado un préstamo personal por aproximadamente 17,3 millones de pesos en el Banco Macro, entidad donde el empleado percibía sus haberes mensuales.

La situación continuó con nuevas instrucciones. Los supuestos operadores le habrían indicado que debía realizar transferencias para corregir movimientos generados por error. De esta manera, efectuó una transferencia por $1.967.546 a una cuenta identificada con el alias “RECONOCIMIENTO.61” y otra por $999.363,72 a una cuenta del Banco Prex, operaciones que totalizaron cerca de tres millones de pesos.

Uno de los puntos centrales de la denuncia se concentra en el rol que habría tenido el superior señalado. El trabajador sostiene que intentó detener el procedimiento en distintas oportunidades, pero que recibió directivas para continuar. Incluso afirma que fue trasladado a diferentes sectores del edificio de la compañía para seguir atendiendo las comunicaciones con quienes luego serían identificados como presuntos estafadores.

La maniobra se frustró cuando intervino una tercera persona que se presentó telefónicamente como oficial de cuentas del Banco Macro de Buenos Aires. Según el relato, el supuesto representante bancario buscó convencerlo de concretar nuevas operaciones desde un cajero automático. La situación tomó otro rumbo cuando una recepcionista de la empresa tomó el teléfono, detectó inconsistencias en la conversación y advirtió que quien llamaba no pertenecería a la entidad financiera.

Tras descubrir el engaño, el trabajador afirma que recurrió a distintas áreas de la empresa en busca de asistencia. En correos electrónicos enviados a sectores directivos y legales solicitó acompañamiento jurídico, una investigación interna, la activación de protocolos vinculados a fraudes y la preservación de pruebas que pudieran resultar relevantes para esclarecer lo ocurrido.

Siempre según la denuncia, esos pedidos no obtuvieron una respuesta formal por parte de la compañía.

La presentación también plantea que la actuación institucional posterior merece ser investigada debido a que los hechos denunciados ocurrieron dentro del lugar de trabajo y bajo supervisión jerárquica.

Entre las medidas requeridas a la Justicia figuran el análisis de registros telefónicos, la incorporación de comunicaciones internas, la obtención de documentación bancaria, el relevamiento de correos electrónicos y la realización de pericias sobre el teléfono celular utilizado durante la secuencia investigada.

Mientras avanza la investigación judicial, la causa busca determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas y establecer cómo se desarrolló una maniobra que terminó con un trabajador afectado económicamente por una deuda millonaria y enfrentando además la pérdida de su fuente laboral.

Fuente: El Caudillo