En la misiva los presos del Penal N°7 piden asistencia al estado salteño. Resaltan el temor de perder sus trabajos si se contagian, la mayoría de ellos tienen la semi libertad, salen a trabajar y regresan a la Granja.

Si no somos asistidos sanitariamente, nuestras salidas, nuestro trabajo y nuestra salud están en riesgo y a la vez ponemos en riesgo a terceros”, dice uno de los jóvenes a InfoSalta.

El SARS-CoV2 ya entró a las cárceles salteñas y suma otro inconveniente a los gravísimos problemas estructurales y sanitarios que arrastra desde hace décadas, con una superpoblación irrefrenable y como en el caso de Metán torturas a quienes están privados de su libertad.

La semana pasada el penal de Villa Las Rosas encendió la mecha al conocerse otro intento de motín, el hecho comenzó a circular por las redes sociales, llegó a otros penales y esto motivó que los internos de la Granja de Cerrillos comiencen a visibilizar sus pedidos y preocupaciones “necesitamos que intervenga el gobernador Gustavo Sáenz, queremos que Uds les hagan llegar el documento que redactamos, parece que ellos solo se preocupan cuando los internos hacemos levantamientos”.

…nos encontramos hacinados en un galpón, hay varios compañeros y personal con Covid pero esconden todo”.

Nuestra mayor preocupación hoy en día es nuestra familia, nos encontramos hacinados en un galpón, hay varios compañeros y personal con Covid pero esconden todo”, cuenta otro de los hombres.

Según estas personas son dieciséis los contagiados y aseguran: “el virus lo trajo un efectivo que ingresó hace poco y contagió a nuestros compañeros”.

Ellos hacen mención que los compañeros que sanaron en ese contexto de encierro están dispuestos a donar plasma. También solicitan al Juzgado de Ejecución “que agilicen las causas que ya se encuentran pasadas de libertad condicional (algunas hace más de un año)”.

Según la Organización Mundial de la Salud, el continente americano es el actual epicentro de COVID-19. Dentro de esta “zona roja”, quizás uno de los peores lugares para enfrentar la pandemia son las cárceles. Sus habituales condiciones de hacinamiento e insalubridad hacen imposibles las medidas de autocuidado y aislamiento, haciendo de la privación de libertad una pena de muerte en potencia.

De acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por Telam, la población carcelaria asciende a 103.209 personas en prisiones y comisarías.

Varios expertos de la ONU han señalado la grave situación de las cárceles en el país, recomendando al Estado ajustar las condiciones de reclusión a las normas internacionales en la materia.

COVID-19 en las cárceles es un desafío urgente de derechos humanos, porque el Estado tiene particular responsabilidad para con las personas bajo su custodia, quienes dependen totalmente de que él les proteja. Pero también es un desafío urgente de salud pública: las cárceles se pueden volver focos de contagio no solo para las y los internos, sino también el personal penitenciario, sus familias y comunidades enteras.

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