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Recurrirían a la Justicia para evitar que se limite el campo laboral de las profesiones

Una resolución de Educación reduce actividades específicas para futuros arquitectos, ingenieros y egresados de salud.Colegios profesionales de Salta cuestionaron la norma. Los arquitectos analizan presentar un recurso de amparo.

Una fuerte preocupación avanzó sobre los colegios de profesionales de Salta por una nueva norma que limita el campo laboral específico de las profesiones universitarias consideradas de interés público. El Colegio de Arquitectos de Salta advirtió que de ser necesario llevará el reclamo a la Justicia. Desde las dos universidades salteñas, en tanto, salieron a poner paños fríos ante la efervescencia de la polémica.

Carreras de ingenierías, arquitectura, informática, psicología, farmaceútica y otras vinculadas a la salud quedaron alcanzadas por las nuevas “actividades reservadas” que estableció la resolución 1.254/18 del Ministerio de Educación de la Nación.

La norma, por caso, redujo de 16 a 5 las incumbencias exclusivas de los psicólogos, mientras que en el caso de los arquitectos las bajó de 20 a 4. Los cambios surgieron de un trabajo elaborado por el Consejo de Universidades, integrado por todas las casas de altos estudios públicas y privadas del país.

Entre las 20 actividades reservadas, los arquitectos podían hacer mediciones y nivelaciones de parcelas o realizar relevamientos, tasaciones y valuaciones de inmuebles. Ninguno de esos puntos figuran en las nuevas incumbencias.

El presidente del Colegio de Arquitectos, Luis Martín Capobianco, admitió que todos los matriculados están alarmados. Dijo que presentaron una nota a Educación de la Nación para que se revise la resolución y cuestionaron que no se haya consultado a los colegios profesionales.

Fuentes consultadas por El Tribuno aseguraron que los cambios no rigen para los profesionales que están en ejercicio, sino para los futuros egresados.

“Los derechos adquiridos de los profesionales no se van a perder, los arquitectos que están trabajando hoy van a seguir ejerciendo con la misma incumbencia, el problema que estamos viendo nosotros es para los nuevos profesionales”, planteó Capobianco.

“Solamente está la visión de los que capacitan a los profesionales y no la de los que estamos ejerciendo. En las resoluciones anteriores siempre se tuvo en cuenta a las federaciones y los colegios para el aporte técnico de las modificaciones que se iban a hacer”, añadió.

La semana pasada Capobianco fue electo presidente de la Federación Argentina de Arquitectos. En esa entidad ya se está analizando jurídicamente la nueva disposición.

“Primero estamos agotando las instancias administrativas, que tenemos 30 días para hacerlo, ya se envió una nota desde la federación. Después que pase esta instancia, estamos trabajando con un equipo de abogados y profesionales arquitectos, que hacen asesoría técnica para presentar un recurso de amparo al Gobierno nacional”, remarcó Capobianco.

El motivo de esta acción judicial será dejar sin efecto de manera inmediata esta resolución. La polémica disposición marca cambios significativos para las actividades reservadas de las ingenierías, circunscribe campos más específicos a nuevas carreras que surgieron con el avance de la tecnología.

Ahora se contemplan incumbencias específicas para las ingenierías en alimentos, ambientales o en telecomunicaciones, por citar algunos casos.

Felipe Biella, presidente del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de Salta -Copaipa- criticó que los cambios no surgieron de un “proyecto participativo” entre los diferentes actores, sino que es una “resolución unilateral” de un organismo que nuclea los rectores de las universidades.

“Por supuesto genera mucho fastidio y mucha molestia en todos los consejos profesionales. Tiene que haber una vinculación directa entre la academia y el ejercicio profesional. Entonces, no puede ser que estas resoluciones se elaboren de una manera inconsulta y aislada”, expresó.

Biella sostiene que esta nueva disposición es para los nuevos planes de estudio que se generen en base a estas nuevas actividades reservadas y que no toca a las titulaciones que ya han sido aprobadas, incluso las que están vigentes.

Desde el Consejo de Universidades aclararon que la norma no acota los alcances del título, que eso fija cada casa de estudio. La disposición apunta a limitar específicamente las actividades reservadas para aquellas intervenciones profesionales que atañen al interés público, atribución que le compete al Ministerio de Educación.

Para Biella, de alguna manera, lo que se está buscando con esta resolución es una “suerte de especialización hacia el futuro”, para el cual habrá que adecuar todos los planes. “No puede ser retroactivo ni limitar los derechos ni por supuesto modificar las capacitaciones que ya tiene un profesional e incumbencia para determinadas tareas”, comentó Biella.

Al igual que los distintos consejos profesionales, el presidente del Copaipa aclaró que van a seguir trabajando para acercar propuestas y consensuar de alguna manera para lograr un equilibrio entre lo que “propone la academia y lo que ocurre en el ejercicio profesional”. “Ahí me parece que podemos hacer un aporte importante, pero hay una preocupación por este tipo de actitudes inconsultas”, expresó.

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