A 10 años del fallo Arriola piden renovar la ley de drogas

A diez años del “fallo Arriola” -el cual la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad castigar la tenencia de drogas para consumo personal- más de 50 especialistas y una veintena de organizaciones nacionales e internacionales debatieron en el Congreso de la Nación acerca de las políticas de droga en Argentina y la necesidad de actualizar la ley.

El debate que se desarrollo a partir de las 8.30 en el Senado de la Nación y fue coordinado por
la Procuración Penitenciaria de la Nación junto al Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-
tuvo por objetivo visibilizar un nuevo aniversario del recordado fallo en contraste con la realidad
de las políticas de drogas que se desarrollan hoy.

Y es que pese al tiempo transcurrido desde el fallo, la jurisprudencia existente y alrededor de 25
proyectos de ley presentados para despenalizar los delitos de consumo, la ley de drogas sigue sin
cambios sustanciales luego de 30 años de vigencia y la criminalización de personas usuarias de
drogas se recrudeció en los últimos años.

“Aunque el 25 de agosto de 2009 la Corte declaró inconstitucional al segundo párrafo del artículo
14 de la Ley de Estupefacientes Nº23.737 en tanto esa tenencia personal no afectara a terceros, en
Argentina persiste una política de drogas que tiende fuertemente a la criminalización de las
personas usuarias”, señalaron desde la organización RESET.

De acuerdo con esta ONG dedicada a investigar políticas de drogas, “entre 2000 y 2017 aumentó
un 53% el porcentaje de mujeres y un 20% el de hombres encarcelados por infringir la ley de
drogas”.

También la Procuración informó que entre los años 2015 y 2018 “se incrementó en un 34.85% la
población de mujeres detenidas por delitos de drogas en el ámbito del Servicio Penitenciario
Federal”.

De ahí la necesidad de “repensar las políticas de drogas desde la perspectiva de los derechos
humanos con enfoque de género”, dijeron desde la Procuración. La actividad de hoy, que será con entrada libre y sin inscripción, contará con la participación de
más de 50 especialistas y 23 organizaciones de la sociedad civil.