El FOCIS preocupado por las graves violaciones a normas constitucionales

El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) mediante una carta dirigida al gobernador Gustavo Sáenz plantea “la preocupación que nos genera el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia 255 de 31 de marzo del corriente año, como la Resolución reglamentaria 162 y el anexo de la misma”.

Para el FOCIS “en todos estos textos apreciamos graves violaciones a normas constitucionales y principios republicanos, además de preocupantes deficiencias técnicas impropias de un Estado Democrático de Derecho”.

Principalmente se detienen en que “el Poder Ejecutivo Provincial no está habilitado para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia en materia penal ni correccional”.

Y después objetan la habilitación al Jefe de Policía como juez: “importa un claro retroceso institucional, más allá de la invocación a una situación creada por la negligencia del Estado provincial que lleva casi 20 años sin crear los Juzgados Contravencionales”.

“Sostenemos que el DNU y su Reglamento hurtan a los Jueces de la Constitución la facultad de investigar, comprobar y castigar a quienes cometan el delito del artículo 205 del Código Penal de la Nación”, advierten.

También indican que “otorgar al Comité Operativo de Emergencia competencia para tipificar nuevas contravenciones, es de una manifiesta ilegalidad”, este reclamo es porque la semana pasada se agregó la posibilidad de sancionar a quienes no lleven barbijos, algo que no figuraba en el DNU 255 original que se agregó la semana que pasó.

Finalmente el Focis apoya las medidas sanitaria y de prevención que se están tomando, pero señala que “con la misma certeza y buena intención queremos manifestarle que las medidas han de tomarse sin quebrar el ordenamiento jurídico constitucional” , y finalmente exhortan a Sáenz a que derogue la norma y dialogue con los otros Poderes del Estado acerca de la aplicación del Código Penal y de la puesta en marcha de la Justicia Contravencional, que si bien está creada no funciona.

Tanto este reclamo como el de Caliva, se suman a objeciones realizadas por organizaciones de Derechos Humanos y por el bloque de diputados provinciales del Partido de la Victoria.

Todos coinciden en que se debe hacer cumplir la cuarentena, pero que ya existen herramientas y normativa vigente, nada menos que el código penal, para hacerlo sin necesidad de crear una nueva. Salta12