Habría abusado de su uniforme y condición de superioridad para someter a una chica con “retraso mental grave” que vivía en el domicilio donde el efectivo realizaba consigna. La acusación que enfrenta es por “violar los deberes de funcionario público, en perjuicio de la administración pública por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado”. Se espera que por su condición de agente de seguridad la pena sea ejemplificadora.

“El policía me dijo que me vuelva”, manifestó la víctima. Durante toda la mañana del miércoles, el tribunal escuchó y debatió el caso de violación a una joven con retraso madurativo perpetrado el 30 de julio del 2.017. El aberrante hecho ocurrió en el humilde barrio metanense Diógenes Zapata. Esa tarde Marcos Abraham Camacho (por ese entonces 25 años) se encontraba prestando servicio en el hogar donde residía la víctima, de acuerdo al legajo de investigación 77/17, el acusado había llevado a la joven a un baldío cercado donde la violó. Las pericias realizadas por el equipo del Servicio de Biología Molecular Forense del Departamento Técnico Científico del CIF dan cuenta que “el efectivo dio positivo al examen de alcohol etílico en las muestras analizadas”.

Otros detalles importantes surgieron de las declaraciones de los vecinos y familiares que buscaban a la joven ese día, cuentan que al notar que la muchacha desapareció del domicilio comenzaron a averiguar dónde estaba. Luego de varios minutos observan que el uniformado sale de un terreno cercado “evidentemente nervioso y con pasto en su cabeza”, al ser indagado si sabía dónde estaba la joven, él respondió que no, es en ese momento donde la familia decide entrar al cerco y “encuentran a la adolescente con tierra en su ropa y muy desesperada”. Ante toda esa situación el padrastro de la chica abusada decide radicar la denuncia.

“Se observa en la víctima desorganización temporal, no conoce el dinero, lenguaje precario con dificultades en la comunicación y bajo nivel en la energía psíquica […] también sufre enuresis (es decir fallas en el control de esfínter”, son los resultados del examen psicológico realizado a la víctima.

Después del ataque, Camacho fue convocado a la realización del estudio psicológico, pero se abstuvo de someterse a las pericias.

La próxima audiencia de debate se realizará el 20 de abril a las 9 horas.

La violencia institucional provoca que miles de mujeres anualmente sean asesinadas y violadas debido a los procesos deficientes en el ámbito judicial. Este es otro caso donde el violador es un policía, se espera con atención la pena que pida la Fiscalía y otorgue el Juez de Garantías, tal vez esta sea la única forma de que al menos una de las tantas víctimas este a salvo.  

La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley N°26.485) en el ámbito nacional, estableció la violencia institucional como un ámbito donde puede manifestarse los distintos tipos de violencia contra las mujeres y la definió como “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil”.

El movimiento feminista denunció durante décadas este y todo tipo de violencias contra las mujeres y disidencias. Estos crímenes contra la integridad sexual marcan la crueldad con que los sujetos se manejan dentro de la cultura patriarcal.

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