Juan Schiaretti y la autovía de la impunidad
- Prof. Dr. Raúl Montenegro, Biólogo (1)
Crónica de cómo un gobernador de Argentina viola la Convención 169 de Derechos Indígenas, habilita la destrucción de los últimos bosques nativos de Punilla, y usa la policía para silenciar a quienes son injustamente expulsados de sus viviendas.
Córdoba es una de las provincias ambientalmente peor administradas de Argentina. En un proceso cada vez más acelerado por desmontes, incendios, erosión eólica, hídrica y biológica, loteos, minería, y un creciente e irracional uso de plaguicidas, ya se destruyó la mayor parte del patrimonio ecológico nativo que aún tenía la provincia en el siglo XIX. Agravando la situación, cada vez queda menos ambiente nativo, terrestre y acuático que pueda reconstruir parte de la biodiversidad perdida. Esta realidad trágica no solo contribuye a agravar el cambio climático global, sino que nos vuelve aún más vulnerables a sus efectos. Pese a este contexto, la provincia tiene un gobernador que impulsa la expansión de la agricultura industrial y la ganadería sobre los últimos remanentes de ambientes nativos, y sobre lugares donde hubiera sido posible una recuperación ecológica. Coherentemente, se muestra a nivel local y nacional como un aliado de la Mesa de Enlace, máximo órgano del agronegocio en Argentina. Viene imponiendo, además, obras públicas faraónicas como las autovías de Punilla y Paravachasca sobre una provincia ambientalmente arrasada. Despliega para ello, impunemente, una y otra vez, la misma mecánica de cinco pasos.
El primer paso empieza con los caprichos faraónicos del gobernador Juan Schiaretti. Al igual que otros funcionarios, busca dejar huellas monumentales de su gestión. En la ciudad de Córdoba dispuso la construcción de un inútil faro mediterráneo –pues Córdoba no tiene acceso al mar- con 80 metros de altura. Según lo promocionó el propio gobierno, es el tercer faro estructural más alto del mundo. Costó casi 3 millones de dólares en 2011. Más recientemente impulsó tres caprichos faraónicos, la autovía de Paravachasca, la autovía de Punilla, y un costoso canal que traerá agua desde el lejano río Paraná. Nos concentraremos en dos de ellas.
La autovía de Punilla es una delirante mega ruta de 43,5 kilómetros de largo, para la cual había alternativas que no destruían bosques nativos, ni lugares arqueológicos, y no desplazaban pobladores. Poco le importó al gobernador y a sus funcionarios que en la provincia quede menos del 3% de bosque nativo cerrado. Una tercera parte de los ambientes que la autovía de Punilla destruye son bosques nativos que tienen asignada, por ley, la categoría de máxima protección: “roja”. También desmonta superficies significativas de bosques nativos ubicados en zona amarilla.
A Juan Schiaretti tampoco le preocupó que la obra violara los derechos de comunidades indígenas reconocidos en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En cuanto a los lugares arqueológicos que se destrozarían, para el gobernador el cemento parece valer más que las convenciones internacionales, las leyes del país, y el respeto por los pueblos originarios.
La autovía no es sin embargo “solamente” una huella monumental que desea dejar el gobernador. Es parte del corredor bioceánico Porto Alegre-Coquimbo pensado para facilitar la exportación de granos, minerales y otros productos de las actividades extractivas. Irrita que los gobiernos sigan presentando sus obras faraónicas –ilegales además- como contribuciones al bienestar de las comunidades locales, cuando a corto plazo son una cuantiosa fuente de ganancias para empresas constructoras como Chediack, Roggio y SACDE, y a largo plazo para el agronegocio y la megaminería.
El otro ejemplo es un faraónico canal de 335 kilómetros de largo para “subir” agua desde el río Paraná a las ciudades de San Francisco y Córdoba. En una época donde el costo de la energía crece incesantemente, poco importó que la sociedad deba pagar de por vida el bombeo eléctrico de 1,5 metros cúbicos por segundo de agua a fin de sortear los 460 metros de desnivel.
En el colmo de esta pésima hidrología del capricho, ese mismo gobernador descuidó la protección y administración de las principales cuencas hídricas superficiales, algo inexplicable en una provincia semiárida como Córdoba. Aunque existen Comités de Cuenca creados por ley para cada gran cuenca de agua, ninguno de esos comités funciona en la práctica.
Como parte de la pésima gestión ambiental que despliega la provincia, solo entre 2020 y 2021 los incendios quemaron más de 400.000 hectáreas, en su mayoría ambientes con bosques y biodiversidad autóctona. Murieron personas, y el fuego consumió numerosas viviendas. Desaparecieron así enormes superficies de ambiente nativo cuya vegetación reducía el impacto de las gotas de lluvia, aumentaba la infiltración –facilitando la recarga de ese gran depósito natural de agua que son las sierras- y evitaba que el agua, al escurrir, erosionara el suelo. En una actitud soberbia e irresponsable, que repitió dos veces, primero en los incendios de 2020, y luego en 2021, Juan Schiaretti demoró el pedido de auxilio a otras jurisdicciones. De haberlo hecho la superficie finalmente quemada hubiera sido mucho menor. En su pobre visión de la naturaleza y la lógica olvidó que se pide auxilio a otras provincias y la nación cuando los incendios pueden ser más fácilmente controlados, no cuando adquieren magnitud catastrófica. Para que sus actos no quedaran impunes, el abogado Juan Smith y yo lo denunciamos penalmente en la Justicia Provincial.
El segundo paso en la mecánica desplegada por el gobierno de Córdoba para concretar sus caprichos, busca y consigue compromisos firmes de financiamiento para las obras, y la aprobación en la Legislatura de leyes de expropiación. Poco importa si antes deberían haberse hecho Estudios de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas, dos detalles “menores” para el gobierno.
Estos caprichos gubernamentales colman de felicidad corporativa a los bancos y agencias que otorgan los préstamos, pues cobrarán su devolución con altos intereses. Resulta alarmante comprobar cómo los gobernantes endeudan al Estado, y por extensión al conjunto de la sociedad. Después terminan su gestión cómodamente, la Justicia no les pide que rindan cuentas, y dejan administraciones debilitadas por las deudas, y por las decisiones que no tomaron. Sus caprichos también llenan de júbilo financiero a las empresas constructoras de autovías y canales, y a las corporaciones cementeras.
Tales obras faraónicas vienen provocando además una cadena de dudosos procedimientos fuera de Argentina. En el caso del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que financia la obra de la autovía con un crédito de 75 millones de dólares, no se respetaron sus mecanismos internos sobre consulta previa a las comunidades indígenas, ni se aseguró que el gobierno de Córdoba hubiera aplicado correctamente las normas vigentes sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Peor aún, el banco no respondió ninguna de las denuncias presentadas por personas afectadas, asambleas de ciudadanos y ONGs. La denuncia presentada ante el banco CAF por FUNAM el 7 de abril de 2021, nunca fue respondida. Es tal la impunidad, que ese mismo banco, junto a la organización eclesiástica Scholas Ocurrentes y la Universidad Nacional de Córdoba, organizaron una reunión local sobre “ciudadanía global” en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (15 de junio de 2022).
Cuando en esa reunión un grupo de mujeres afectadas por la obra de la autovía de Punilla increpó la presencia del banco, denunciando la ilegalidad de la ruta, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, en un cuestionable acto de solidaridad con la banca y el gobierno provincial, las atacó verbalmente con acusaciones impropias de un rector. Visiblemente alterado les increpó recibir fondos de bancos suizos, las invitó a visitar “a los pobres” en la Villa 31 de la ciudad de Buenos Aires, y las convocó –ya que según el rector estaban tan preocupadas por el bosque nativo- a que lo tuvieran “en sus jardines”. Local y nacionalmente las imágenes con las burdas expresiones del rector se viralizaron. Había acusado gratuitamente a mujeres que sabían por sí mismas de la pobreza, y que sacaban tiempo de sus propias familias para luchar contra la autovía sin que las financie ningún banco suizo. Forzado por la condena social el rector Hugo Juri pidió públicamente perdón, pero el daño ya estaba hecho. Una vez más.
En el caso del faraónico canal para subir agua desde el río Paraná, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, y el gobernador de Santa Fé, Omar Perotti, lograron que el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe concediera un crédito de 50 millones de dólares. Poco les importó a los dos gobernadores, y a los funcionarios de Kuwait, que no se hubieran cumplido, previo a la firma del crédito, las leyes nacionales y provinciales sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Para los gobernantes involucrados, y para el Ministro de Ambiente de la Nación Juan Cabandié, el trasvasamiento de cuencas pareciera ser un tema irrelevante. Consideraron que llevar y distribuir agua desde el río Paraná “es bueno,” y que no necesitaban “autorización de nadie”.
Este incumplimiento deliberado y enfermizo de las normas sobre Evaluación de Impacto Ambiental se repite sistemáticamente en el gobierno de Córdoba, muchas municipalidades de Argentina, y en el gobierno nacional.
El tercer paso de la perversa mecánica gubernamental usada en Córdoba, consiste en darle un barniz de legalidad a los caprichos y las decisiones ya tomadas. Para ello se hacen Evaluaciones de Impacto Ambiental a la medida del poder. Aunque en otros casos, como la obra para traer agua desde el río Paraná a Córdoba, ni siquiera se hicieron.
Con respecto al Estudio de Impacto Ambiental de la autovía de Punilla, fue técnicamente pobre, incompleto, y con vacíos sugestivos en temas clave, como haber omitido la cuestión indígena. Para los consultores que lo hicieron, y por lo tanto para Caminos de las Sierras que lo presentó, no existe la Convención 169 de Derechos Indígenas de la OIT. ¿Ignoraban que existen comunidades indígenas Comechingonsa, Sanavironas y de otros grupos en la zona de impacto negativo? ¿No sabían que existe un Registro Nacional de Comunidades Indígenas manejado por el INAI? Sabiendo que las comunidades indígenas deben ser reconocidas, tengan o no personería jurídica ¿porqué las excluyeron como poblaciones afectadas? La misma torpeza se observó a nivel de restos arqueológicos, y consideración de sitios sagrados. Dado que ese Estudio de Impacto Ambiental tiene responsables que lo firman, es inadmisible que cometan mala praxis sin castigo administrativo, y sin algún tipo de sanción desde cuerpos colegiados. Quienes suscriben un Estudio de Impacto Ambiental también son co responsables, civil y penalmente, de los daños que produce una obra o una iniciativa mal evaluada.
En cuanto a las Audiencias Públicas que la ley prevé para debatir esos estudios, y que no son vinculantes, siguen siendo utilizadas por el gobierno provincial para hacer simulacros de que alguien escuchará a los participantes. Es muy probable que las consideren como válvulas administrativas para reducir la presión social y el descontento, algo que hasta ahora no logran. Muy por el contrario, enardecen a las poblaciones afectadas por las malas obras, ilegalmente decididas además.
En el caso de la Audiencia Pública sobre la autovía de Punilla, al gobierno de Córdoba le resultó poco relevante que más del 85% de los expositores se opusiera a su construcción. Aunque miembros de las comunidades afectadas demostraron la ilegalidad de la obra, pues violaba normas claves, y presentaron argumentos científicamente fundados que demolieron el Estudio de Impacto Ambiental, la Secretaría de Ambiente convalidó rápida y hábilmente el capricho vial del gobernador, autorizando el “anteproyecto” de la autovía de Punilla.
En este proceso los funcionarios de Ambiente cometieron ilegalidades que siguen impunes. En la Licencia Ambiental otorgada por Resolución 192/21 su Artículo 5 establece que “si se modificaran las condiciones declaradas y tenidas en cuenta a la fecha de su evaluación o valoración crítica (…) la presente Resolución caducará”. Es lo que sucedió con el proyecto de autovía de Punilla. Se le hicieron modificaciones con posterioridad a la presentación original, pero ninguna autoridad suspendió la Licencia Ambiental otorgada. Peor aún, el día 25 de mayo de 2022 la Provincia presentó ante la Justicia un informe de la Secretaria de Ambiente donde se admite que hubo cambios en la traza (sin informar a la población) y que la Licencia fue dada en base a un “anteproyecto”. La Ley de Ambiente de la Provincia 10.208 sólo habla de Licencias Ambientales para proyectos definitivos, no “anteproyectos”.
Urge replantear la normativa que permite la existencia de Secretarías de Ambiente “de fantasía”, como la de Córdoba. Su funcionamiento actual no le da prioridad a la comunidad que paga sus sueldos, sino a los caprichos del gobernador, otros funcionarios de turno y corporaciones privadas. No es posible que el Estado se evalúe y autorice a sí mismo, y que no existan cuerpos institucionalmente independientes, transparentes, y con participación externa. El papel que desempeña la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente en Córdoba (CTI), es parte de la maquinaria perversa que otorga Licencias Ambientales a iniciativas que violan la ley. Urge que los miembros de la CTI también sean investigados, y respondan por sus actos ante la Justicia. Una Justicia independiente, claro.
A nivel de grandes obras sigue actuando en Córdoba un modelo de toma de decisiones sobre obras que destrozan con impunidad lo poco que queda de ambiente nativo, y compromete, además, negativamente, la estructura y funcionamiento de las cuencas hídricas. Esta mecánica de gestión provincial pareciera evolucionar hacia un formato cada vez más parecido al de asociación ilícita. Participan muchos actores gubernamentales, y se violan convenios y leyes sin consecuencia alguna para los decisores, ni administrativa, ni judicial.
El cuarto paso de la mecánica Schiaretti incluye la criminalización de la protesta social. Para empezar, el gobierno provincial distribuyó el inicio de la obra de la autovía en varios tramos simultáneos para evitar que las protestas comunitarias se concentraran en una única área. Operan así al mismo tiempo las empresas Chediack en el lecho del lago San Roque, Benito Roggio en Santa María, y SACDE en Molinari. Esta dispersión territorial de las obras muestra no solamente el temor del gobierno provincial a la reacción de los pobladores, que crece día a día, sino también su preocupación pues la lucha comunitaria logró enterrar el anterior proyecto de Autovía de Montaña, que tenía una traza aún más devastadora que la actual.
Funciona además en Córdoba un aparato policial de represión sobre familias, madres, padres e incluso niñas y niños para dificultar las movilizaciones vecinales contra la Autovía de Punilla. Como parte de esta maquinaria represiva la policía desmanteló en plena noche un campamento donde se protestaba pacíficamente, usando procedimientos no solamente ilegales, sino también peligrosamente parecidos a los desplegados durante la última dictadura militar (1976-1983). La desesperación gubernamental por acallar la protesta social se hizo evidente en el renovado uso de la brutalidad policial contra vecinos que se niegan a abandonar los predios por los cuales pasará la ruta. Poco a poco se ha venido institucionalizando en Córdoba la misma práctica violenta contra los defensores ambientales que se registra a gran escala en países como Brasil, Colombia y México.
Pese a los esfuerzos gubernamentales por silenciar el rechazo a la obra, el tema ya ha cobrado dimensión nacional, y desde FUNAM estamos contribuyendo activamente para que se internacionalice. La torpeza de la estrategia Schiaretti debe ser visibilizada en otros países y en foros internacionales. Esta nota, traducida al francés y al inglés, junto a elementos probatorios, será presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, y en organismos de derecho indígena de Naciones Unidas, en Suiza.
Consideramos además justo y necesario que se investigue e identifique a los otros responsables, indirectos, del impacto socio-ambiental que provocan las obras. Conceder créditos a iniciativas que violan la ley, y carecen de licencia social, es muy grave. El Banco de Desarrollo de América Latina debe investigar internamente si sus integrantes violaron los reglamentos del banco al aprobar el crédito para la construcción de la autovía de Punilla. En cuanto al Fondo Kuwaití, que otorgó el crédito para el canal Santa Fé Córdoba, debe ser notificado que financian una obra carente de licencia social, y sin previa Evaluación de Impacto Ambiental. Aunque lo anterior resulte quizás poco relevante para el Fondo Kuwaití, la falta de seriedad al aprobar un crédito afectaría su credibilidad internacional. También podrían registrarse en Argentina eventuales acciones administrativas y judiciales que bloqueen, a futuro, la devolución del préstamo.
El quinto paso de la estrategia gubernamental involucra a parte del Poder Judicial de la provincia. En lo administrativo la gravedad institucional de una Secretaría de Ambiente que evalúa parcial y arbitrariamente los proyectos del gobierno del cual forma parte, es complementado por un sector judicial complaciente con el poder. Ese sector actúa como una maquinaria protectora de los caprichos gubernamentales, y de los intereses económicos de grandes empresas. Lograr ser aceptados como querellantes en denuncias penales contra el gobernador de Córdoba y otros funcionarios es una misión casi imposible.
En el colmo de la complacencia judicial, una empresa como Taym del grupo Roggio contaminó el suelo y las aguas del canal Los Molinos-Córdoba -que provee de agua a la ciudad de Córdoba- liberando a los responsables de castigo. Taym es una empresa que cobra por depositar residuos peligrosos procedentes de industrias y empresas mineras en su predio de Alto del Durazno, al sur de la ciudad de Córdoba. Se ubica en una de las zonas con mayor concentración de actividades contaminantes de la provincia, con vertederos de basura y residuos patógenos ya cerrados, y vertederos saturados –como Piedras Blancas- en plena operación. De poco valió un lapidario informe requerido por la propia justicia, que demostró las graves irregularidades y responsabilidad de Taym en la contaminación del suelo, y del agua del canal Los Molinos-Córdoba. Después de lluvias torrenciales –pero con registros históricos mayores- la inundación de sus fosas, no preparadas estructuralmente para resistirla, llevó todo tipo de residuos peligrosos al agua que consume la ciudad de Córdoba. Esto no debe llamarnos la atención por dos motivos. En primer lugar, la Secretaría de Ambiente permitió que la planta se localizara en un lugar inapto. En segundo lugar, Córdoba es una de las únicas cinco provincias de Argentina que todavía permite el ingreso de cualquier residuo peligroso procedente del resto del país. No existe limitación alguna. Córdoba es el basural tóxico de la nación. Esos residuos peligrosos se queman por ejemplo en el horno de la cementera Holcim de Malagueño, la misma corporación –de capitales suizos- que durante 2009 y 2010 descargó dioxinas en abierta violación a la ley nacional 24.051. Aunque esa contaminación provocó un verdadero escándalo, y el cierre de la planta Norte de Holcim, la Secretaría de Ambiente no actuó, y la Justicia de oficio tampoco.
Como parte del “pintado de verde” local , el “greening” de los países de habla inglesa, la Municipalidad de Córdoba impulsó la creación de una planta separadora de basura localizada en el vertedero de Piedras Blancas –en conjunto con Holcim- para que de allí salgan residuos a ser quemados como combustible alternativo en la cementera. Para ello la empresa Geocycle, de Holcim, invirtió un millón de dólares. La planta apunta a procesar alrededor del 14% de toda la basura que se recoge mayoritariamente en la ciudad de Córdoba, un 50% de la cual será quemada en Malagueño. Geocycle-Holcim ya ha provocado en distintos lugares de América Latina episodios gravísimos de contaminación, incluso con muertes. No es casual que organizaciones no gubernamentales de Suiza vigilen y denuncien en ese país los daños que vienen produciendo las distintas plantas de Holcim, y de Geocycle, su captadora de residuos peligrosos, en otras naciones.
Lo curioso es que el municipio capitalino publicita como sustentable y circular una incineración de residuos que no tiene nada de sustentable, pues la incineración descarga al aire dioxinas, furanos y metales pesados, nocivos para la salud y la biodiversidad. Cabría preguntarse además sobre el Estudio de Impacto Ambiental de esa “iniciativa circular” de la Municipalidad de Córdoba, y cuándo se realizó la Audiencia Pública. Todo parece indicar que el intendente Martín Llaryora también estaría aplicando, a escala, la mecánica Schiaretti. La gestión municipal omite recordar que la Comunidad Europea excluye a la incineración como actividad financiable, ello en el marco del programa orientado a la neutralidad de emisiones de carbono para 2050. Los integrantes de la Comunidad Europea consideran que la incineración es un proceso carbón-intensivo, incoherente con los esfuerzos destinados a reducir las emisiones, y el logro en tiempo de la buscada neutralidad de carbono. Tanto el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como el Fondo de Cohesión no financian la incineración.
El Principio del Poder Acumulado.
Hace varios años desarrollamos el llamado “Principio del Poder Acumulado” que intenta describir cómo, en sistemas democráticos y no democráticos, el exceso de poder concentrado en funcionarios públicos, dueños de empresas y grupos de poder –incluidos parlamentarios y jueces- aumenta la probabilidad de que se tomen decisiones no adaptativas ni sustentables. Tales desvíos negativos -que afectan a las sociedades y los ambientes de distintas partes del mundo- son responsables del inicio de guerras, de la destrucción de centenares de miles de kilómetros cuadrados de ambientes con alta biodiversidad, de la invasión de tierras indígenas, y de un sufrimiento humano indescriptible.
El gobierno de Córdoba y parte de su aparataje judicial son un claro ejemplo de lo que pueden producir personas con un exceso de poder acumulado e impunidad crónica. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, tras sobrevolar parte del norte de Córdoba, se maravilló al ver cómo zonas deforestadas eran ahora vastos cultivos industriales y campos ganaderos. Pero no alcanzó a comprender entonces –ni ahora- que una provincia sin suficiente ambiente nativo y biodiversidad está condenada a sufrir calamidades cada vez más graves. Desde sequías y lluvias excesivas, pasando por tormentas cada vez más fuertes, a inundaciones e incendios.
Pero no se trata solamente de exceso de poder acumulado a nivel de gobiernos, sino también de corporaciones con demasiado poder. En un magnífico ejemplo de economía circular, en la provincia de Córdoba el poderoso grupo Roggio opera la planta de almacenamiento de residuos tóxicos Taym. También la empresa “Aguas Cordobesas”, cuya planta de tratamiento sur recibió las aguas contaminadas por la empresa Taym del propio grupo, y participa en la construcción de la autovía de Punilla. Es doloroso e indignante que en la provincia confluyan la torpeza gubernamental, la voracidad corporativa, y la inacción cómplice de una parte de la Justicia.
Córdoba, cementerio de la biodiversidad nativa.
De las tres provincias biogeográficas que caracterizaban a Córdoba –Chaqueña, del Espinal y Pampeana- las dos últimas han prácticamente desaparecido, y el ambiente chaqueño de llanura y de sierras tiene cada vez menos superficie. En pleno año 2022 la provincia no tiene mapa de biodiversidad, solo una zonificación desactualizada de sus bosques nativos.
Los gobiernos y buena parte de la sociedad saben que estamos sufriendo cambio climático global, pero desconocen –en general- lo que es la biodiversidad, y su importancia para nuestra supervivencia. La biodiversidad, tanto la visible al ojo humano, como la invisible, integra miles de especies, desde virus, bacterias y hongos, a plantas verdes, vertebrados e invertebrados. Muchas de ellas desaparecen localmente sin que siquiera las hayamos detectado, o disminuyen poblaciones cuyos números desconocemos. Sin esa biodiversidad que caracterizaba a cada ambiente terrestre y acuático de la provincia, todas nuestras actividades se vuelven más vulnerables, los ambientes nativos dejan de fabricar suelo, y las cuencas hídricas colapsan.
Juan Schiaretti y sus funcionarios siguen creyendo equivocadamente que importando plantines de algarrobo desde Misiones –tras el acuerdo firmado con Biofábrica- o fomentando delirantes programas de reforestación, se compensa lo destruido. Ignoran que la biodiversidad no se planta. Solo los remanentes de ambientes nativos de alta biodiversidad pueden recomponer las biodiversidades destruidas por desmonte, fuego y contaminación. Pero este proceso, denominado sucesión ecológica secundaria, o ecosucesión, no forma parte de las políticas de gobierno. Por ahora la política dominante es la destrucción de ambientes nativos con autovías y permisos gubernamentales de todo tipo. Motosierras, topadoras, incendios, plaguicidas y desmonte químico masacran diariamente una biodiversidad que agoniza.
Gobierno y grandes productores ganaderos no saben distinguir la diferencia entre un bosque nativo de alta biodiversidad, y lugares donde se dejaron sin talar grandes árboles y arbustos para que den protección al ganado. Estos últimos no son ecosistemas nativos conservados, sino decorados productivos donde el pastoreo impide parte de la regeneración. En cambio, la bosquización encarada por organizaciones y personas para facilitar la recuperación de bosquecillos de altura con tabaquillo sí ayuda –inteligentemente- a la reconstrucción de biodiversidades destruidas, o muy mermadas.
Agregar nuevos ambientes protegidos como el Parque Nacional Ansenuza y el Parque Nacional Traslasierra son bienvenidos en Córdoba y forman parte de las “buenas” decisiones, pero no alcanzan ni remotamente para compensar lo que se viene destruyendo ambientalmente. Las torpezas gubernamentales de hoy le roban escandalosamente futuro a nuestras niñas y niños, y a quienes todavía no han nacido.
Por ahora la mecánica Schiaretti –antes precedida por la muy parecida mecánica De la Sota- sigue devastando ambientalmente y con impunidad la provincia gracias a sus cinco pasos: el capricho gubernamental, asegurar el financiamiento de ese capricho y la expropiación de tierras, darle barniz de legalidad a lo ilegal, criminalizar la protesta social, y disfrutar del blindaje que proporciona un sector del poder judicial en Córdoba.
Algo muy parecido sucede en otras provincias. Pero también a nivel nacional con obras que se deciden autoritariamente sin Evaluación de Impacto Ambiental previa, como la ilegal firma del contrato para que China construya el reactor nuclear Hualong-One en la provincia de Buenos Aires. Con relación a este último caso, los abogados Juan Smith y Fabbián Maggi, y el autor de esta nota, denunciamos penalmente al presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y otros funcionarios ante la Justicia Federal de Campana, en la provincia de Buenos Aires, por violar la ley.
La cuestionable mecánica Schiaretti para la ejecución de obras inconsultas y sin licencia social delata una inusitada degradación de las instituciones gubernamentales de ambiente, de seguridad, y de justicia. Afortunadamente, tanto la resistencia social pacífica ejercida por las comunidades, como el accionar de instituciones no gubernamentales, se han transformado en poderosas y “no reconocidas” herramientas de gestión ambiental. Contrarrestan así la excesiva concentración de poder de los gobernantes, jueces y directivos de corporaciones, aunque en muchos casos, también implican riesgos letales para quienes defienden el bien común.
En este contexto urge internacionalizar los conflictos locales como el de la autovía, y denunciar ante organismos internacionales toda violación de los derechos humanos. Para ello debe tenerse en cuenta que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el jueves 28 de julio de 2022 la resolución que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como “derecho humano universal”. La resolución, aprobada con 161 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra, también reconoce que el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad, interfieren en el disfrute de este derecho, y que los daños ambientales -como los producidos por la autovía agregamos nosotros- tienen implicancias negativas, tanto directas como indirectas, para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.
Parafraseando a Sandro Pertini, a veces es necesario luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza.
Las generaciones actuales, y las que habitarán la provincia de Córdoba en el futuro, deben saber quiénes fueron y quienes son los responsables directos de tanta degradación e irresponsabilidad socio-ambiental. La mecánica de cinco puntos desplegada por Juan Schiaretti y sus funcionarios para llevar adelante obras públicas faraónicas e ilegales, ello con la complicidad directa e indirecta de otros poderes del Estado provincial y nacional, debe ser conocida por el público, en Argentina y otros países. Es necesario además que esta mecánica perversa sea desarticulada sin demora, administrativa y judicialmente.
(1) Profesor Titular Plenario de la Cátedra “A” de Biología Evolutiva Humana en la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba). Presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG de Argentina con status consultivo en Naciones Unidas. Director del Campus Córdoba del “Right Livelihood College” (RLC). Premio Nobel Alternativo 2004 (Right Livelihood Award, Estocolmo, Suecia).
