Multan al Gobierno provincial por falta de datos sobre pauta oficial

La Justicia multó al Gobierno de Salta por no cumplir la sentencia judicial que le ordenó suministrar en un plazo de diez días, información relacionada a sus gastos en publicidad oficial.

La medida fue adoptada, según lo informado por Salta Transparente, en el marco del proceso de amparo que iniciaron el 30 de mayo de 2021 contra la Secretaría de Prensa de Gobierno, por entonces a cargo del actual diputado provincial, Víctor Lamberto.

El 15 de julio de 2022 el Juez Alfredo Gómez Bello, Vocal de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, hizo lugar a la acción de amparo que comenzó el medio contra el Gobierno de la Provincia y le ordenó informar  en un plazo de diez días sus gastos en publicidad oficial correspondientes al segundo semestre de 2020, al año 2021 y al primer semestre de 2022.

El dictamen obligó también al Gobierno informar cuáles son los criterios que utiliza la Coordinación Administrativa de la Gobernación a cargo de Nicolás Demitropulos y la Secretaría de Prensa para distribuir la pauta oficial y a entregar copia de los expedientes de contratación y de control de aire efectuados sobre medios que recibieron pauta oficial, contrataciones de consultoras, medios  y periodistas nacionales que recibieron publicidad durante el 2019 y copias del expediente de contratación de la consultora Praxis SRL.

El Gobierno provincial, que apeló la sentencia afirmando que le ocasionaba un “gravamen irreparable”, resolvió en un primer momento incumplirla, a pesar de que en los procesos de amparo la apelación no suspende la ejecución de las sentencias dictadas. Frente a tal conducta procesal, la Justicia intimó al Gobierno a cumplir la sentencia en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de aplicarle una multa procesal diaria de $5.000 (pesos cinco mil), por cada día hábil judicial de retardo.

Luego de esa intimación el Gobierno de Salta hizo entregas parciales de la documentación requerida los días 11 y 22 de agosto, por lo que fue apercibida nuevamente el 30 de septiembre al cumplimiento total de la sentencia.

Posteriormente, el Gobierno de la Provincia volvió a incumplir la orden judicial, (solo hizo una entrega muy parcial de documentación luego de tal apercibimiento) por lo que la Justicia dispuso el 14 de octubre aplicar la multa establecida, requiriendo a esta parte que formulara la correspondiente liquidación.

A la fecha, la multa asciende a $ 45.000, teniendo en cuenta que entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre, transcurrieron 9 días judiciales hábiles por lo que se incrementará en $ 5.000 diarios si persiste el incumplimiento, según lo informado.