SAÉNZ TOMÓ MEDIDAS ANTICONSTITUCIONALES CONTRA LOS MANIFESTANTES QUE SUFREN LA FALTA DE AGUA

El gobernador, Gustavo Sáenz, aprobó un “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas”. El mismo, exige que todos los Ministerios y Organismos Públicos deberán prestar la colaboración que resulte necesaria a los fines de su cumplimiento.

El Decreto Nº 91 busca impedir los cortes de ruta en el norte provincial, que se multiplicaron los últimos meses por la falta del servicio de agua y el tarifazo en las facturas de luz.

Las acciones vecinales se realizaron para exponer sus problemáticas, ya que desde el Gobierno no se le brindaron respuestas a sus pedidos.

En este marco, el protocolo anuncia que en las manifestaciones ya sean programadas o espontáneas, el Ministerio de Seguridad, una vez enterado de la novedad, dará intervención al jefe de Policía para que elabore un informe y comunique sobre la situación.

Además, se designará un Jefe del Operativo de Seguridad, quien será el encargado de indicar a los manifestantes que deben desistir de cortar las vías de circulación y en que caso de negativa, darles a conocer a los manifestantes que su negativa puede constituir algunos de los ilícitos previstos en el Código Penal de la República Argentina. Seguidamente deberá comenzar una instancia de negociación con el vocero o representante del grupo de manifestantes.

En este sentido, el fiscal federal Eduardo Villalba, se reunió con autoridades provinciales para discutir el contenido del documento, y explicó que la idea es que el Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta intervenga antes o en forma contemporánea al corte del tránsito, pero descartó que vaya a ordenar el uso de la fuerza pública federal para despejar las rutas nacionales.

“No estamos de acuerdo con el despeje por medios violentos porque es muy complejo y puede ser peor el remedio que la enfermedad”, afirmó el fiscal.

EL GOBIERNO DE SÁENZ INTENTA REGULAR EL TRABAJO DE LA PRENSA VIOLANDO LA CONSTITUCIÓN

La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) manifestó su repudio al documento firmado por Gustavo Sáenz, Roberto Dib Ashur, Marcelo Domínguez y Matilde Morillo, considerándolo “un nuevo intento de atropello y ataque al ejercicio del periodismo en la Provincia de Salta por parte del Gobierno Provincial”.

“Exigimos como organización jurídica que a la brevedad se revea dicho Protocolo y se deje inmediatamente sin efecto sus Capítulos IV y V del ANEXO que dictan lo siguiente:
Capitulo IV
I.- Cuando Correspondiere, de conformidad a lo previsto en las normas vigentes, podrá procederse a realizar filmaciones (Video y Audio) y/o la toma de fotografía de los operativos.
Capitulo V
I.- En el marco del ejercicio de su profesión, los periodistas y comunicadores podrán ejercer su derecho constitucional a la libre circulación en la vía pública durante las manifestaciones para realizar coberturas periodísticas de los hechos en forma plural y completa, con multiplicidad de enfoques y de voces y de libertad en su línea editorial. Atento a las características de su trabajo, los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos. De igual modo deberán actuar los medios de comunicación audiovisuales que requieran el uso de vehículos de transmisión debiendo ser ubicados en áreas que no interfieran con los procedimientos de la fuerza de seguridad pero que, al mismo tiempo, les garantice la adecuada cobertura y emisión de la información.

Reclamamos en la imperiosa necesidad de modificar dicho Decreto. Para evitar vulnerar y atentar contra el ejercicio periodístico. Buscando acatar la Constitución Nacional y tratados Internacionales. Como así también desistir del afán como gobierno en atentar contra nuestra labor”, sentenció la asociación a través de un comunicado publicado en redes sociales.