La nueva ley endurecería penas de hasta 12 años de prisión y protegería el sistema de donación y trasplantes como interés público, abordando el tráfico de órganos y garantizando derechos humanos.
En diálogo con PROFESIONAL FM, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, representante del Frente Renovador, expresó su preocupación sobre la iniciativa propuesta por el candidato de Libertad Avanza Javier Milei, que en sucesivas oportunidades se ha manifestado a favor de habilitar el mercado de venta de órganos. Como respuesta a esta propuesta, se está trabajando en la creación de una nueva ley que endurecerá las penas relacionadas con la venta ilegal de órganos.
Gutiérrez habló sobre el proyecto de ley destinado a agravar las sanciones para aquellos involucrados en la venta ilegal de órganos. Este proyecto busca enmendar la Ley N° 27.447, promulgada en 2018, con el objetivo de fortalecer los derechos de las personas que podrían ser sometidas a la extracción ilegal de órganos.
El legislador y abogado, destacó que aunque la ley actual es “muy buena“, presenta un vacío legal que necesita ser abordado, especialmente ante las propuestas de Milei de habilitar el mercado de venta de órganos. Así mismo, subrayó la necesidad de una mayor regulación en este ámbito.
Además expresó su inquietud por la posibilidad de un aumento en los delitos relacionados con el tráfico de órganos, como secuestros, subastas físicas y redes de tráfico de partes del cuerpo humano, así como el turismo relacionado con la comercialización e implante ilegal de órganos.
No obstante, es necesario recordar que la Ley Nacional 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, de 2012, ya considera el comercio de órganos como parte de este delito, con penas no excarcelables. Además, esta ley establece que el Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas tiene la responsabilidad de combatir el tráfico de órganos, tejidos y fluidos.
La nueva legislación propuesta por Gutiérrez establece de manera clara qué comprar, vender o traficar órganos en Argentina será considerado un delito grave. Esto se basa en el principio de que el sistema nacional de donación y trasplantes de órganos debe ser de interés público, evitando que caiga en manos privadas con fines mercantiles.
La reforma legal refuerza las sanciones en cada etapa del proceso, desde la extracción hasta el implante ilegal de órganos y tejidos humanos. Además, se imponen penas a aquellos que reciban un órgano de mala fe, sabiendo que proviene de actividades ilegales.
Es importante destacar que, bajo la ley actual, solo los profesionales médicos y el personal de salud podían cometer estos delitos. Sin embargo, con el nuevo proyecto de ley, cualquier persona que participe en actividades ilegales relacionadas con órganos humanos podría enfrentar penas de hasta 12 años de prisión. Los médicos y profesionales de la salud involucrados también perderían su derecho a ejercer su profesión de por vida.
En el contexto electoral actual en Argentina, donde se han planteado propuestas para legalizar la libre compra y venta de órganos, el diputado Gutiérrez ha advertido sobre los riesgos asociados a esta idea y la necesidad de reforzar legalmente la lucha contra el tráfico de órganos en todas sus formas. Esta reforma busca garantizar la protección de los derechos humanos en el país.
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