
Durante más de una semana, mujeres pertenecientes a comunidades originarias de la ruta nacional 86, especialmente de Tartagal, han estado aguardando respuestas gubernamentales en la capital.
Ante la ausencia de soluciones oficiales, decidieron tomar las instalaciones del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). La cacica de la comunidad La Mora, Marcela Calermo, informó a DNI RADIO (103.7 Mhz) sobre las dificultades relacionadas con el suministro de agua, mencionando que a pesar de que les prometen “30 camiones aguateros“, solo observan el paso de dos que entregan agua una vez por semana.
La problemática se intensifica ya que no todas las familias disponen de tanques de almacenamiento adecuados. Algunas cuentan únicamente con “cinco bidones de 20 litros“, insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas de higiene y cocina. La protesta en el IPPIS involucra a más de 20 comunidades de los pueblos Wichi, Qom (Toba), y Guaraní, representadas por líderes de diversas localidades.
En el contexto de esta situación, se destaca la voz de Alejandra Giménez, originaria de la comunidad 20 de Junio en la Ruta 86, quien se encadenó en la sede del IPPIS tras haber caminado cientos de kilómetros por segunda vez para solicitar al Gobierno provincial una manguera de 300 metros prometida hace 15 meses. La mujer expresó su frustración ante la indiferencia gubernamental y la falta de cumplimiento de promesas tan básicas como el acceso al agua para su comunidad, afirmando: “el año pasado nos movilizamos varias mujeres y tampoco nos escucharon. No les estamos exigiendo una cosa tan grande. No puede ser que tengamos que venir caminando cientos de kilómetros. Para ellos no es nada, para nosotros es mucho. No tenemos agua para tomar porque nos falta trasladarla”.
Paralelamente, otras manifestaciones ciudadanas también tienen lugar en Salta, reflejando descontento ante la falta de soluciones habitacionales y otras problemáticas sociales. Estos eventos subrayan las brechas entre la realidad que enfrentan comunidades vulnerables y la atención que reciben de las autoridades, generando indignación y exigiendo respuestas concretas a necesidades esenciales.