Lo comunicó el Ministerio de Economía a representantes de UPCN y luego el presidente del instituto al consejo directivo, integrado por todos los gerentes.
Todo indica que se cumplirían los peores pronósticos sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), creado en 1957 para asistir a la industria nacional impulsando la innovación y la transferencia de tecnología, y que además es referente en Metrología, la ciencia de las mediciones, de fundamental importancia para calibrar instrumentos y hacer posibles el comercio local e internacional, entre una multiplicidad de otras cosas.
Ayer a la tarde fracasó una reunión con los gremios UPCN y ATE, pero fuentes fidedignas confirman que va a haber recorte de personal que llegaría al 30%; eminentemente, entre empleados administrativos y operativos, aunque todavía no se sabe ni la cantidad exacta ni la metodología.
Los hechos derivaron en la reacción inmediata de los miembros de la institución. Gran cantidad de empleados e investigadores se manifestaron frente a la oficina de Presidencia cuando se iban a informar formalmente las decisiones, el gerente de Recursos Humanos, Christian Rasmussen, se asustó y huyó por la ventana rompiendo el mosquitero.
Las imágenes se difundieron inmediatamente por la red social X.
“Ante los trascendidos sobre posibles despidos, convocamos a un estado de alerta y movilización al que respondieron unos 1000 compañeros que realizan sus tareas en el Parque Tecnológico Miguelete, y nos movilizamos pacíficamente al Edificio 2, donde están los funcionarios del gobierno de turno –explicó al sitio Diagonales Francisco Dolmann, secretario general de ATE-INTI–. El interlocutor designado por la patronal, que es el Gerente de Recursos Humanos, ante esa masividad y una movilización pacífica en la que estábamos solicitando una mesa de diálogo, por la presión que generaron los trabajadores, rompió el mosquitero de su ventana y salió corriendo”.
En estos momentos la alarma es máxima. Personal con 37 años de servicio informa que Daniel Afione, su presidente (y ex director de INTI Energía hace 35 años, desde donde pasó a Toyota, empresa en la que desempeñó toda su carrera), se había reunido anteayer con el consejo directivo para comunicarles la decisión.
“Les dijo que ya modificaron la estructura y la reducción de personal (que podría llegar a unos 900 cargos) es innegociable –comenta–. Hacer eso y decir ‘cerramos’ es lo mismo”.
Según indican desde el organismo “Los gerentes y subgerentes ofrecieron reducir su salario en un 30% para evitar los despidos pero desde la Secretaría no aceptaron”.
Como afirma Liliana Canaves en una carta de lectores recientemente publicada en Clarín, “la misión del INTI abarca desde la investigación y el desarrollo tecnológico hasta la certificación de calidad, la asistencia técnica a empresas y la formación de recursos humanos altamente calificados”.
“Su presencia es vital para nuestras industrias. Les brinda el conocimiento y las herramientas para mejorar sus procesos productivos, desarrollar nuevos productos y mantenerse competitivas el mercado. (…) Contribuye a garantizar que nuestros productos cumplan con los más altos estándares internacionales, fortalece su reputación en el extranjero, y protege a los consumidores locales. Es un pilar fundamental del desarrollo económico y social”.
“El INTI no figura en la Ley Bases, no se lo menciona; es decir, que no está exento de ser privatizado o disuelto. No quedó entre los organismos excluidos de ese riesgo, por lo menos en la versión aprobada este martes en Diputados. Incluso hubo acercamientos con algunos legisladores para que se lo protegiera, pero sin respuesta.
La norma que se encuentra en discusión en el Parlamento establece que “se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada (…), la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”. Al INTI no se lo incluye entre las excepciones
En el Instituto trabajan unos 3000 investigadores, ingenieros y técnicos altamente especializados. Unos 2400 pertenecen a la planta permanente, unos 300 se encuentran bajo el régimen de contrato de trabajo, y unos 250 son monotributistas.
Desde el primero de enero ya se fueron 90 personas, entre jubilados y jóvenes con contratos temporarios que tienen temor de que no se los renueven y la oportunidad de emigrar a otros ámbitos.
No sería la primera vez que este ente autárquico crítico para el desarrollo de una industria nacional es objeto de medidas devastadoras. Durante la década del noventa, perdió más de la mitad de su planta y debió justificar su propia utilidad.
Una comisión de 30 personas tuvo que ir al congreso a defenderlo porque les dijeron que la institución estaba “en terapia intensiva” y que tenían horas para definir si seguía existiendo o se eliminaba. Sobrevivió, pero a duras penas.
En 2018, en medio de denuncias del personal por desmanejos del presupuesto, se despidió a más de 250 empleados.
Con 52 centros de investigación y desarrollo en todo el país, el INTI tiene casi uno por sector industrial: alimentos, plástico, textiles, caucho, materiales para la construcción, metalmecánica, electrónica, lácteos.
Recibe ingresos por sus propios emprendimientos, pero además presta una infinidad de servicios de control de calidad y de seguridad. Además, realiza, reproduce y mantiene los patrones nacionales de medida, lo que contribuye a asegurar la calidad en las mediciones relacionadas con el cuidado del ambiente, la salud, los alimentos, la seguridad pública, la equidad en el comercio y la calidad de la producción industrial.
En un documento que hicieron llegar a Diputados, expresan que “Dejando al INTI expuesto a las decisiones del Poder Ejecutivo, sin intervención del Poder Legislativo, el desarrollo industrial de nuestro país se erosiona. Nuestras pymes quedan más expuestas a las empresas que importan bienes que podrían no estar certificados, a costa de la salud y la seguridad de las personas; las empresas podrían contaminar sin control del Estado; los ensayos y certificaciones que hoy hace el INTI podrían pasar a manos privadas; se podría permitir la comercialización de productos importados de baja calidad y con riesgo para la salud (juguetes, pilas, lámparas, entre otros); se podría dar rienda suelta a los que hacen uso fraudulento de instrumentos y equipos (por ejemplo, surtidores, balanzas o controladores fiscales); se facilitaría el ingreso de productos importados que hoy INTI ayuda a desarrollar en el país o asiste para que los fabricantes nacionales sean más competitivos, entre otras consecuencias que vemos con preocupación un gran grupo de profesionales de esta institución, que creemos en el desarrollo industrial y productivo federal y apoyamos a nuestra industria nacional como servidores públicos”.
Fuente: Con información de Página 12
