El proyecto, que se publicará en el Boletín Oficial esta misma semana, incluye disposiciones que, lejos de mejorar las condiciones laborales, precarizan el empleo y otorgan mayor poder a los empresarios.
Mientras el Gobierno aguarda el regreso de Javier Milei de Estados Unidos para firmar la reglamentación de la reforma laboral, miles de trabajadores se preparan para enfrentar las consecuencias de una ley que, bajo el discurso de modernización, amenaza con socavar derechos básicos.
Entre las medidas más polémicas se encuentra el artículo 97, que permite a los trabajadores independientes contratar hasta tres empleados sin establecer un vínculo de dependencia. En apariencia, esto suena atractivo para pequeños emprendedores, pero en la práctica, es un agujero negro para el fraude laboral.
Sin un marco claro que regule estas contrataciones, se abre la puerta a la precarización disfrazada de “colaboración“, dejando a los trabajadores desprotegidos.
Otro punto que ha encendido las alarmas es el artículo 94, que modifica la Ley de Contrato de Trabajo y autoriza despidos en casos de bloqueos empresariales. La participación en bloqueos o tomas de establecimientos podrá ser considerada una “grave injuria laboral”, justificando la extinción del contrato.
En otras palabras, cualquier protesta gremial legítima podría costarle el trabajo a miles de empleados. Desde la CGT ya se ha solicitado la inclusión de una instancia judicial previa para proteger a los trabajadores, pero todo indica que el Ejecutivo no está dispuesto a ceder.
Uno de los cambios más alarmantes es la ampliación del período de prueba, que se extiende hasta 6 meses, y en algunas empresas, hasta 1 año. Durante ese tiempo, los trabajadores pueden ser despedidos sin causa y sin indemnización, lo que genera un escenario ideal para abusos empresariales. Esto significa que la estabilidad laboral, uno de los pilares de los derechos laborales en Argentina, se desmorona.
El reemplazo de las indemnizaciones por despido por un fondo de cese laboral es otro golpe que atenta contra la seguridad de los trabajadores. Los empleadores tendrán la opción de autoasegurarse o contratar servicios privados, desnaturalizando un derecho que históricamente ha sido la columna vertebral de la protección laboral en caso de despido.
Además, la reforma plantea un blanqueo laboral que, en teoría, debería beneficiar a los trabajadores. Sin embargo, solo se reconocen hasta cinco años de aportes previsionales, un número irrisorio para quienes han trabajado en la informalidad por décadas. ¿El resultado? Trabajadores que nunca podrán jubilarse en condiciones dignas, mientras los empleadores disfrutan de la condonación de sanciones e infracciones.
La tercerización laboral, prohibida en muchos sectores, también sufre modificaciones. Se permite la contratación de trabajadores a través de agencias de servicios temporarios, despojándolos de su relación de dependencia y debilitando aún más la estabilidad laboral. En un país dónde el empleo informal es una realidad cotidiana, este tipo de reformas no hace más que legitimar la precarización.
Finalmente, el artículo 84 excluye a los sindicatos de la posibilidad de denunciar la falta de registración laboral. De ahora en más, los trabajadores serán los únicos responsables de iniciar un reclamo ante AFIP. Este cambio no solo limita la acción sindical, sino que aísla aún más al trabajador, dejándolo a merced de los abusos.
La implementación de esta reforma representa un paso atrás en décadas de conquistas laborales. Los trabajadores argentinos, quienes han soportado crisis tras crisis, se enfrentan ahora a un escenario de incertidumbre y desprotección. Lo que está en juego no es solo un contrato o un salario: son los derechos fundamentales que permiten que una sociedad funcione de manera justa y equitativa.
El reloj corre y la reforma ya está escrita. Lo que queda por ver es si los trabajadores serán escuchados o si, una vez más, el poder empresarial que tanto defiende este gobierno impondrá su voluntad en silencio.
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