En un nuevo capítulo del vale todo en la política salteña, la diputada Orozco, volvió a protagonizar un papelón mediático que pone en duda su ética profesional y su responsabilidad como legisladora.
Mediante un video difundido en sus redes sociales, la rosarina que llegó a ese cargo gracias a la cara de Javier Milei, acusó de manera solapada al gobernador Gustavo Sáenz de utilizar el avión sanitario para desintoxicarse de una supuesta adicción a las drogas, sin presentar ninguna prueba que respalde tan grave afirmación.
A pesar de lo serio de la acusación, está “licenciada en ciencias de la comunicación se limita a insinuar sin nombrar a nadie y sin recurrir a la justicia. Como periodista, debería saber que acusaciones de esa magnitud deben ir acompañadas de pruebas. Y cómo legisladora terminaría siendo cómplice de lo que ella denunció en las redes.
Cabe mencionar que no es la primera vez que esta mujer (que solo se la conoce por vivir del sueldo de politica, algo contradictorio, puesto que ella critica a los ñoquis y los que viven del estado) hostiga y difama a Gustavo Saénz, cuando presidió la Comisión de Libertad de Expresión, invitó a un periodista opositor a denunciar que “es perseguido por el gobierno saencista”.
Pero volviendo al tema de “la desintoxicación”, hay que destacar que este tipo de acusaciones no solo son irresponsables, sino que también se burlan de un tema tan serio como la adicción, afectando no solo al gobernador sino a cualquier persona que se encuentre luchando contra esta enfermedad.
Sin embargo, esta libertaria no es la única que ha utilizado las redes sociales para lanzar ataques sin sustento: el político opositor Luis Caro y el diputado Emiliano Estrada también se han sumado a la ofensiva contra el mandatario provincial, acusándolo de todo tipo de delitos y enfermedades sin pruebas, y amparándose en los fueros o la “libertad de expresión” para difamar.
El caso de Emiliano Estrada es particularmente alarmante: no solo utilizó las redes para señalar al gobernador como narcotraficante, sino que, de manera cobarde, expuso a una de sus empleadas al escarnio público, mientras él mismo se escuda en los fueros.
Y luego, como suele suceder con estos actores políticos, lloran por la “libertad de expresión” cuando se cuestionan sus acciones. El modus operandi de estos personajes políticos es claro: injurian y luego se victimizan.
Lo más grave de todo esto es que cuando el damnificado acciona judicialmente ante el hostigamiento, las calumnias e injurias, los agresores se colocan en perseguidos y censurados.
Aún no se supo si la justicia actuará de oficio y citará a la diputada Orozco para denunciar las acusaciones vertidas contra el primer mandatario provincial.
Es hora de que los salteños exijan claridad y justicia, y que estos políticos responsables de difundir rumores infundados enfrenten las consecuencias de sus actos.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero como cualquier derecho, viene acompañado de responsabilidades. Orozco, Caro, Estrada y tantos mas, deben entender que acusaciones de esta magnitud requieren pruebas, y no ser utilizadas como armas políticas para difamar a sus rivales.
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