La iniciativa, impulsada por sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y respaldada por la oposición, no logró los dos tercios necesarios para su aprobación, quedando a un voto de la mayoría requerida.
En una sesión cargada de tensiones y maniobras políticas, el Senado argentino rechazó la creación de una comisión investigadora destinada a esclarecer el papel del presidente Javier Milei en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
Uno de los votos determinantes en contra de la conformación de la comisión fue el del senador salteño Juan Carlos Romero.
El legislador salteño, que nació en el peronismo y luego se pasó según su conveniencia al PRO y ahora a LLA, es el símbolo de la casta salteña, ha manifestado públicamente su apoyo a Milei desde el balotaje de 2023 y es considerado un aliado clave del oficialismo en la Cámara Alta, se alineó con otros senadores que, bajo la aparente influencia de gobernadores y presiones desde la Casa Rosada, decidieron bloquear la investigación.
El escándalo $LIBRA estalló cuando el presidente Milei promovió públicamente esta criptomoneda, que rápidamente alcanzó una capitalización de 4.000 millones de dólares antes de desplomarse, dejando a más de 40.000 inversores con pérdidas significativas.
A pesar de las denuncias por una investigación exhaustiva, la negativa del Senado a conformar la comisión investigadora ha generado indignación en diversos sectores de la politica.
La estrecha relación entre Romero y Milei ha sido objeto de escrutinio. Además de su respaldo político, Romero ha sido señalado como una figura influyente dentro del bloque oficialista, actuando en ocasiones como intermediario entre el Ejecutivo y el Legislativo. Su voto en contra de la investigación refuerza las sospechas sobre posibles favores políticos y la protección de intereses compartidos.
Pero esta no es la única polémica reciente en la que Romero ha estado involucrado. El senador salteño fue uno de los principales impulsores del aumento de las dietas de los senadores, que llevó sus ingresos a más de 9 millones de pesos mensuales.
En medio de la crisis económica y los recortes promovidos por el gobierno nacional, esta suba generó un fuerte rechazo en la opinión pública, consolidando la imagen de una dirigencia política desconectada de la realidad de la ciudadanía.
Ademas, es menester recordar parte del prontuario judicial que pesa sobre este “político casta”: La causa “La Ciénaga” es una investigación judicial que involucra a Romero, por la presunta apropiación indebida de 90 hectáreas de tierras públicas, durante su gestión como exgobernador.
A continuación, se detallaremos los aspectos más relevantes del caso:
Adquisición original (1998):
• El gobierno de Salta adquirió 90 hectáreas de la finca La Ciénaga el 5 de junio de 1998, valoradas en 1.100.000 pesos (equivalentes a dólares en ese momento), con el propósito de destinarlas al Programa Familia Propietaria, orientado a facilitar el acceso a terrenos para familias de bajos ingresos.
Transferencias posteriores (2004-2009):
• En 2004, durante la gestión de Romero, las tierras fueron vendidas a José Luis Agustoni por 460.000 pesos, una fracción de su valor original.
• Cuatro meses después, Agustoni revendió la propiedad a María Cecilia Pérez de la Fuente por solo 100.000 pesos.
• En 2009, las tierras fueron adquiridas por Estancia El Carmen S.A., una empresa vinculada a la familia Romero, por la misma suma de 100.000 pesos.
Investigación judicial:
• La causa ha enfrentado múltiples obstáculos y dilaciones a lo largo de más de una década. En 2022, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, anunció la intención de reactivar la investigación, buscando esclarecer las circunstancias de las transacciones y determinar posibles responsabilidades penales.
Mientras tanto, el presidente Milei enfrenta múltiples denuncias judiciales por presunta asociación ilícita e incumplimiento de deberes como funcionario público.
La falta de una comisión investigadora en el Senado podría dificultar el avance de estas causas y dejar en la impunidad a los responsables de uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente de Argentina.
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