•Por: Teresita Frias
El proceso judicial fue impulsado por la organización ALFA, que ejerció la querella en representación de la víctima y su madre.
El 21 de abril, en el Tribunal de Juicio Sala I de Tartagal, se dictó una sentencia histórica en un caso de Abuso Sexual Infantil que refleja la profundidad de las violencias que atraviesan a las niñas indígenas en contextos de extrema vulnerabilidad.
El acusado, también miembro de la comunidad guaraní de Campo Blanco, fue condenado a siete años y seis meses de prisión por los delitos de “Abuso sexual consumado y en grado de tentativa” contra una niña de 12 años.
Lejos de estar rodeadas de contención, la víctima y su madre fueron sometidas a una segunda forma de violencia: la social y simbólica. Desde que se animaron a denunciar, fueron insultadas, desacreditadas y hostigadas por gran parte de la comunidad, que en su mayoría mantenía lazos familiares o de amistad con el agresor.
Este contexto de aislamiento, desprotección y presión social es una de las razones por las que muchas víctimas de Abuso Sexual Infantil en comunidades cerradas o rurales no pueden romper el silencio. En este caso, a pesar de ello, la niña y su madre persistieron.
Lo hicieron acompañadas por el equipo que lidera el abogado penalista Álvaro Arias Camacho, quién junto a la letrada Lucinda Valdiviezo construyeron una estrategia sólida, aun cuando la defensa del acusado presentó numerosos testigos para intentar deslegitimar sus voces y encubrir los hechos.
Durante el juicio, se lograron acreditar las secuelas psicológicas profundas en la víctima, así como el estado de vulnerabilidad en el que ocurrieron los abusos.
A pesar de ciertas omisiones probatorias por parte de la Fiscalía, las pruebas presentadas por la querella permitieron sostener los hechos y alcanzar una sentencia justa.
Cabe mencionar que la causa fue llevada adelante de forma solidaria por Valdiviezo, cuyo trabajo fue clave para garantizar una defensa comprometida con el enfoque de derechos humanos y de género.
La posibilidad de que este caso llegara a juicio también fue producto de las capacitaciones que ALFA viene brindando en distintos municipios dentro del programa “Guardianes de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA)“, que busca visibilizar y fortalecer los abordaies de abuso sexual infantil.
La sentencia no borra lo vivido. Pero representa una reparación simbólica y judicial para una niña que fue víctima no solo de un abusador, sino también de una comunidad que eligió proteger al agresor antes que escucharla.
Ahora, la Justicia validó lo que ella y su madre supieron desde el primer día: que decían la verdad.
Este caso muestra lo importante que es fortalecer las redes comunitarias con perspectiva de género, interculturalidad y niñez. Porque cada niña, niño, adolescentes que logran justicia, abren camino para que otros no tengan que sufrir en silencio.
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