Sáenz denunció negligencia de Transnoa tras apagones en el norte

El impacto de los cortes masivos de energía que afectaron a más de 600 mil vecinos de Salta y Jujuy llegó esta semana al corazón del Gobierno nacional. El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, en la que exigió controles más severos y sanciones a la empresa Transnoa, responsable del transporte de energía eléctrica en alta tensión en el NOA.

Durante el encuentro, Sáenz planteó la urgente intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ante lo que calificó como una “negligencia severa” por parte de la transportista, tras los apagones registrados el jueves y viernes pasados, que dejaron sin suministro eléctrico a amplias zonas de ambas provincias por más de siete horas acumuladas.

El mandatario estuvo acompañado por la senadora nacional Flavia Royón y entregó formalmente al funcionario nacional la denuncia administrativa presentada ante el ENRE, elaborada de manera conjunta por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta y la Secretaría de Energía de Jujuy.

En la presentación, ambas provincias señalaron que los cortes se originaron en líneas de alta tensión bajo jurisdicción nacional, sobre las cuales Salta no tiene competencia directa. En ese marco, se remarcó la responsabilidad exclusiva de Transnoa, empresa encargada del transporte de energía a todo el norte argentino.

Según consta en la denuncia, la compañía evidenció falta de inversiones sostenidas y una base operativa insuficiente para responder ante situaciones de emergencia. El reclamo se apoyó, además, en la demora técnica frente a una contingencia climática: la crecida del río San Francisco interrumpió la línea de alta tensión sobre la ruta 5, lo que saturó la vía alternativa que conecta Ledesma con Pichanal.

Ante ese escenario, se indicó que Transnoa tardó tres horas en enviar personal técnico al lugar, un lapso considerado incompatible con las obligaciones de una empresa que percibe un porcentaje de la facturación total del sistema eléctrico.

Por estos hechos, la actuación de la transportista fue calificada como negligente, y se solicitó que el ENRE avance con medidas más rigurosas, garantizando que la empresa mantenga su infraestructura operativa y responda con la celeridad que establece la normativa vigente.

El planteo elevó a nivel nacional una situación que, durante horas, dejó a miles de hogares sin un servicio esencial, y abrió una instancia clave para definir responsabilidades y eventuales sanciones en el sistema energético del norte del país.

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