Reforma laboral: El Gobierno redefine concesiones clave y acelera el envío del proyecto al Senado

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la recta final de la reforma laboral. Este lunes, la mesa política del oficialismo se reunió en Casa Rosada para cerrar los últimos consensos y definir concesiones clave antes de elevar la versión final del proyecto al Senado, donde será tratado en las próximas horas.
El encuentro, que se extendió durante casi dos horas, fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reunió a las principales figuras del armado político y legislativo del oficialismo. Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el armador político Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Como invitado especial se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien fue el primero en retirarse del encuentro.
Uno de los ejes centrales de la discusión fue el artículo vinculado al impuesto a las Ganancias para sociedades, uno de los puntos más cuestionados por los gobernadores debido a su impacto en la recaudación y en la coparticipación federal. Si bien el Gobierno mantiene reserva sobre las definiciones finales, fuentes oficiales reconocen que el texto original no reúne los apoyos necesarios y que se evalúan alternativas para modificar su alcance o directamente excluirlo del proyecto.
En ese marco, el oficialismo revisa cerca de 20 de los 182 artículos que integran la iniciativa de reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Desde el Gobierno aseguran que cuentan con los votos para avanzar con la media sanción en general, aunque admiten que persisten diferencias en capítulos específicos que no lograron consenso con sectores de la oposición ni con representantes sindicales.
Entre las concesiones ya acordadas figura la decisión de dar marcha atrás con la reducción del aporte patronal a las obras sociales, así como la eliminación de artículos que debilitaban los convenios colectivos de alcance nacional. También quedaron fuera del texto los cambios en estatutos profesionales y la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, medidas que habían generado fuertes objeciones durante las negociaciones previas.
Con estos ajustes, el Gobierno busca destrabar el debate legislativo y asegurar el avance de una reforma considerada central dentro de su agenda política y económica. El proyecto llegará al Senado con modificaciones significativas respecto de su versión original, en un escenario donde cada artículo se vuelve clave para definir su destino parlamentario.
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