Déficit récord golpea al IPS y activa auditoría judicial
El Instituto Provincial de Salud (IPS) enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Con un déficit que ronda los $5.000 millones por mes, la principal obra social de la provincia atraviesa una crisis financiera que obligó a su intervención y a una revisión exhaustiva de su funcionamiento.
El dato fue confirmado por el ministro de Salud provincial, Federico Mangione, quien detalló el estado actual del organismo durante una entrevista en el programa Cara a Cara. “El déficit es importante, cercano a los 5.000 millones mensuales”, afirmó el funcionario al describir la situación.
La magnitud del rojo financiero impacta de manera directa en la estructura operativa del IPS, que brinda cobertura a miles de afiliados en toda la provincia. Según explicó Mangione, el escenario obliga a reordenar el sistema, revisar procedimientos administrativos y analizar en profundidad la estructura de gastos.
El organismo continúa intervenido y bajo auditoría integral de sus cuentas. El proceso busca determinar el origen del desequilibrio financiero y detectar posibles irregularidades en la administración anterior.
En ese marco, el ministro confirmó que ya se realizaron denuncias formales por presuntas inconsistencias detectadas durante la revisión. No obstante, aclaró que la causa judicial se encuentra bajo secreto de investigación. “Se hizo la presentación y ahora hay que ser cautelosos. Será la Justicia la que determine responsabilidades”, sostuvo.
La investigación avanza en paralelo al proceso de reorganización interna, en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas públicas provinciales.
Mangione vinculó la crisis del IPS con la situación económica general de la provincia, marcada por la caída de ingresos y la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. La combinación de menores recursos y un gasto creciente en el sistema de salud profundizó el desbalance financiero del organismo.
Mientras continúan las auditorías y el proceso judicial, el desafío inmediato es garantizar la continuidad de las prestaciones para los afiliados y estabilizar las finanzas de la obra social.
El déficit mensual de $5.000 millones no solo expone un problema contable: revela la fragilidad estructural de un sistema que hoy intenta sostener su funcionamiento bajo intervención y con la mirada puesta en los tribunales.
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