Pymes en peligro en Salta: la deuda aprieta y el 10% de las empresas ya no pueden pagar al banco

Un informe basado en datos del sistema financiero revela un deterioro en la capacidad de pago de las pequeñas y medianas empresas. Atrasos crecientes, financiamiento limitado y tasas superiores al 57% anual configuran un escenario complejo para el entramado productivo provincial.

El entramado productivo de Salta atraviesa un momento delicado. Un informe de la agencia de datos Ciudadana Comunicación reveló que el 10% de las pequeñas y medianas empresas de la provincia presenta dificultades para cumplir con sus compromisos bancarios.

La cifra surge de estadísticas de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) elaboradas a partir de registros del Banco Central y ubica a Salta por encima del promedio nacional de morosidad, que alcanza el 7,7%.

El dato corresponde a diciembre de 2025 y refleja que una de cada diez empresas salteñas se encuentra en una situación que el sistema financiero considera riesgosa o crítica. El indicador no solo describe el estado de una parte del sector productivo, sino que también muestra una tendencia que se observa en todo el país: el deterioro de la capacidad de pago de las PyMEs durante el último año.

Para medir la salud financiera de las empresas, el Banco Central clasifica a los deudores en cinco categorías. Las dos primeras corresponden a firmas con pagos al día o con atrasos menores. A partir de la categoría tres comienza la zona de mayor riesgo, cuando los atrasos se ubican entre 90 y 180 días y los bancos consideran incierta la recuperación del crédito.

En los niveles siguientes la situación es aún más delicada: con más de 180 días de mora, las probabilidades de cobro disminuyen considerablemente y pueden iniciarse gestiones judiciales para recuperar la deuda. En el último nivel, el crédito se considera prácticamente irrecuperable y la empresa puede encontrarse en concurso preventivo o en proceso de quiebra.

Según el relevamiento, el 10% de las PyMEs salteñas se encuentra dentro de estas tres categorías más comprometidas. Cuando una empresa ingresa en esos niveles queda registrada en la Central de Deudores del Banco Central, una base pública que consultan todas las entidades financieras antes de otorgar nuevos préstamos. La inclusión en ese registro complica el acceso al financiamiento y, en muchos casos, deja a las firmas fuera del sistema formal de crédito, lo que profundiza los problemas de liquidez.

La situación provincial también forma parte de una tendencia regional. Varias provincias del Norte Grande presentan algunos de los niveles más altos de morosidad del país. Jujuy y Misiones registran tasas del 10,8%, Catamarca alcanza el 10,1% y Chaco el 9,8%, todas por encima del promedio nacional.

En contraste, distritos con sistemas crediticios más robustos muestran indicadores menores: la Ciudad de Buenos Aires registra una mora del 6,1%, La Pampa del 5,7%, Santa Fe del 5,9% y Neuquén del 6,6%.

Los datos también muestran que el deterioro se aceleró durante 2025. En todo el sistema financiero argentino, la proporción de empresas en situación irregular (es decir, dentro de las categorías tres, cuatro y cinco) creció un 99,7% interanual. En términos porcentuales pasó del 3,84% al 7,67%. El incremento también se observa en los casos más graves: las empresas con atrasos superiores a 180 días representan el 5,24% del total, lo que implica un aumento del 78,2% respecto del año anterior.

El fenómeno atraviesa a todos los sectores de la economía. Servicios, comercio, industria, agro, construcción y minería registraron incrementos en los niveles de mora, lo que evidencia que las dificultades financieras se extienden a lo largo de toda la actividad productiva.

En el caso de Salta, otro factor que condiciona la situación de las empresas es la disponibilidad de crédito. La provincia concentra apenas el 2,1% del financiamiento bancario destinado a PyMEs en el país. La mayor parte de esos recursos se concentra en las principales jurisdicciones económicas: la provincia de Buenos Aires reúne el 28,3% del total, la Ciudad de Buenos Aires el 17,4%, Córdoba el 15,2% y Santa Fe el 11,8%. En conjunto, estas cuatro jurisdicciones explican el 72,7% del crédito para pequeñas y medianas empresas.

A la escasez de financiamiento se suma el costo del dinero. En enero de 2026, la tasa de adelanto en cuenta corriente para PyMEs alcanzó el 57,53% anual. Si se la compara con la inflación esperada para los próximos doce meses (estimada en torno al 21% por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central) el resultado es una tasa real positiva cercana al 30% anual.

En términos históricos, se trata de un nivel elevado para el crédito productivo. Durante gran parte de la última década, las pequeñas y medianas empresas accedieron a financiamiento con tasas reales negativas o apenas positivas. En el escenario actual, endeudarse para sostener capital de trabajo implica asumir un costo financiero mucho más alto, lo que reduce márgenes y tensiona la cadena de pagos.

Las pequeñas y medianas empresas constituyen una parte central del tejido económico de Salta. Generan una porción significativa del empleo privado y participan en cadenas productivas vinculadas al comercio, los servicios, la industria, la actividad agropecuaria y la construcción. Por ese motivo, el aumento de la morosidad no solo aparece como un problema financiero, sino también como un indicador de las tensiones que atraviesa la economía real en la provincia.

📌 Publicado por Diario InfoSalta