Impulsan prohibir celulares en cárceles tras la muerte de un joven soldado extorsionado

El uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles argentinas quedó en el centro del debate público tras un proyecto de ley que propone su prohibición total en todos los establecimientos penitenciarios del país. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Silvana Giudici, busca modificar la Ley 24.660, que regula el régimen de detención.

El proyecto se presenta en un contexto atravesado por el crecimiento de delitos organizados desde el interior de los penales, entre ellos estafas digitales, amenazas y extorsiones. La propuesta cuenta con el respaldo de más de 50 diputados y apunta a establecer una restricción explícita, con rango legal, sobre el uso de dispositivos de comunicación por parte de personas privadas de la libertad.

La iniciativa incorpora el artículo 79 bis, que prohíbe la tenencia, uso, comercialización o ingreso de teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles y cualquier tecnología que permita transmitir voz o datos. La única excepción prevista es el uso de equipamiento informático autorizado por las autoridades penitenciarias, exclusivamente para fines educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones controladas.

Además, el texto propone endurecer el régimen disciplinario dentro de las cárceles, incorporando como faltas graves la posesión, ocultamiento o facilitación de estos dispositivos, así como cualquier intento de acceder a internet por fuera de los sistemas habilitados.

Según se detalla en los fundamentos, el uso de celulares en los penales tuvo un punto de inflexión en 2020, cuando durante el gobierno de Alberto Fernández se habilitó su utilización en el marco de la pandemia, ante la suspensión de visitas. De acuerdo con la autora del proyecto, esa medida alteró los mecanismos de control y facilitó la expansión de delitos complejos desde las cárceles.

El avance de esta iniciativa está directamente vinculado al caso de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino que prestaba servicio en la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.

Según la investigación judicial, Gómez fue víctima de una extorsión digital iniciada a través de una aplicación de citas. El joven mantuvo contacto con un perfil falso que simulaba ser una mujer. Detrás de esa identidad operaba una organización delictiva que funcionaba desde las cárceles bonaerenses de Magdalena y Olmos.

El mecanismo incluía la construcción de un vínculo de confianza, seguido por amenazas, audios intimidatorios y la intervención de supuestos agentes policiales que exigían pagos bajo la falsa acusación de haber cometido un delito. Para reforzar el engaño, los extorsionadores utilizaron la identidad de un efectivo real.

Las transferencias de dinero se realizaban a cuentas de terceros y luego eran fragmentadas para dificultar su rastreo. Lejos de finalizar, las exigencias económicas continuaban bajo nuevas amenazas.

La investigación, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, determinó que la maniobra formaba parte de una red de extorsión sexual organizada desde el interior de los penales, replicada con múltiples víctimas.

En el caso de Gómez, la presión constante, las deudas acumuladas y la sensación de no encontrar salida quedaron reflejadas en la carta que dejó antes de su muerte, documento que resultó clave para dimensionar el impacto de estas prácticas.

El proyecto busca cerrar una brecha en el sistema penitenciario que, según sus impulsores, permitió la consolidación de estructuras delictivas dentro de las cárceles. La discusión legislativa se da en paralelo a una serie de investigaciones judiciales que apuntan a desarticular estas redes.

Mientras avanza el tratamiento en el Congreso de la Nación Argentina, el eje del debate se centra en el equilibrio entre los derechos de las personas privadas de la libertad y la necesidad de reforzar los controles para evitar la comisión de delitos desde el interior de los penales.

El caso de Rodrigo Gómez, que expuso el funcionamiento de estas organizaciones, se convirtió en un punto de inflexión en una discusión que ahora busca una respuesta estructural a nivel nacional.

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