Diputados aprobó la nueva Ley de Glaciares y el Gobierno habla de “fin de las trabas al progreso”

El Gobierno nacional celebró la aprobación de los cambios en la Ley de Glaciares, sancionados por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor y 111 en contra, en una sesión que redefinió el marco legal sobre el uso de zonas glaciares y periglaciares en la Argentina.

A través de un comunicado oficial, la Oficina del presidente Javier Milei destacó que la reforma “elimina las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, y remarcó que la nueva normativa busca aportar claridad y seguridad jurídica en torno a la explotación de recursos naturales.

El texto aprobado habilita a las provincias a determinar qué actividades productivas pueden desarrollarse en estas áreas, en función de evaluaciones técnico-científicas propias. Según el Ejecutivo, esto permitirá distinguir con mayor precisión qué territorios deben ser protegidos y cuáles no forman parte del objeto original de la ley.

Desde el Gobierno se calificó la modificación como una “reforma histórica”, al considerar que introduce criterios científicos más definidos para la preservación de glaciares y geoformas periglaciares con funciones hídricas, al tiempo que permite avanzar con proyectos productivos en zonas que, según indicaron, estaban “mal catalogadas”.

El comunicado también señaló que la legislación anterior generaba interpretaciones que, en algunos casos, derivaban en la prohibición de actividades incluso en áreas donde no existían recursos a proteger. En ese sentido, se mencionó la necesidad de adecuar la norma a los principios establecidos en la Constitución Nacional, particularmente en relación con el uso racional de los recursos naturales y el dominio originario de las provincias.

El Ejecutivo subrayó que los cambios responden a un reclamo sostenido por provincias vinculadas a la actividad minera, especialmente las que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre, que suma también a Mendoza y San Juan.

En esa línea, se afirmó que la reforma restituye competencias a las jurisdicciones provinciales para administrar sus recursos, identificar reservas hídricas y establecer criterios de protección y explotación bajo parámetros técnicos.

El presidente Javier Milei agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa y destacó el rol de los gobernadores Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, entre otros funcionarios que participaron en la elaboración del proyecto.

Según detallaron, el proceso de redacción de la reforma llevó un año de trabajo coordinado entre distintas áreas del Gobierno nacional y las provincias involucradas, con el objetivo de construir un marco normativo “claro, federal y técnicamente sólido”.

En el mismo comunicado, la Oficina del Presidente sostuvo que la nueva legislación reafirma la idea de que la protección ambiental y el desarrollo económico pueden coexistir, y los definió como “motores complementarios” para el crecimiento del país.

Finalmente, el Gobierno hizo referencia a lo que consideró “intentos de interferencia de organizaciones extranjeras”, y señaló que las modificaciones aprobadas consolidan una política “soberana” en la gestión de los recursos naturales.

Con la sanción definitiva del Congreso, la reforma abre una nueva etapa en el debate sobre el equilibrio entre conservación ambiental, actividad productiva y autonomía provincial en la Argentina.

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