Caso de amenazas al intendente de Metán: detención exprés de un comunicador con pruebas débiles y el accionar de un fiscal cuestionado por “conflictividad institucional”

La causa por amenazas al Jefe comunal avanzó en tiempo récord con una imputación basada en “la titularidad de un chip”. Sin peritajes técnicos concluyentes, el caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial en el sur provincial. ¿Hubo violencia institucional y tratar de callar a una voz disidente?

La detención del comunicador Sergio Marques en Metán, en el marco de una causa por amenazas al intendente, reabrió interrogantes sobre los criterios de actuación del sistema judicial en el sur de Salta. La medida, dispuesta por la Fiscalía Penal N°2 a cargo de Gonzalo Gómez Amado, se ejecutó con una rapidez inusual y con una base probatoria que, hasta el momento, aparece limitada a la titularidad de una línea telefónica.

Según surge de la investigación, el eje de la imputación está puesto en que el número desde el cual se habrían emitido los mensajes figura registrado a nombre del detenido. Sin embargo, en términos técnicos y jurídicos, ese dato no permite establecer por sí solo quién utilizó el dispositivo al momento de los hechos.

En el sistema de telefonía móvil, especialmente en líneas prepagas, es posible activar chips con datos de terceros, lo que obliga a profundizar las pericias antes de atribuir responsabilidades penales, eso lo debería saber el fiscal interviniente.

Hasta ahora no se conocieron informes de extracción forense de datos, análisis de geolocalización, cruces de antenas ni reconstrucción de comunicaciones. Tampoco se informó quién tenía la posesión material del dispositivo en el momento en que se habrían enviado los mensajes. En investigaciones de este tipo, esos elementos suelen ser determinantes para sostener una imputación con cierto grado de solidez.

El procedimiento que terminó con la detención e incomunicación también se dio en un contexto particular. El comunicador había comparecido ante la Justicia y, luego de retirarse, fue nuevamente convocado. Al regresar, quedó detenido por personal policial de civil. La secuencia, sumada a la rapidez con la que se ordenaron medidas restrictivas de la libertad, contrastó con el ritmo que exhiben otras causas en la misma jurisdicción.

El detenido, es popularmente conocido en el sur salteño como “El Cabo” Márques, y tiene una actividad constante en redes sociales, donde publica contenidos políticos y mantiene una línea crítica hacia la gestión municipal. Su exposición pública y su perfil confrontativo lo ubicaron como un actor visible dentro del escenario mediático de Metán.

En paralelo, el fiscal Gonzalo Gómez Amado arrastra antecedentes que vuelven a ser mencionados a partir de este caso. Su traslado desde el departamento Anta a Metán fue dispuesto por la Procuración General con el argumento de reducir niveles de conflictividad institucional en la zona donde se desempeñaba.

En ese período, había sido objeto de recusaciones, denuncias y cuestionamientos por su intervención en distintas causas, algunas de ellas vinculadas a presuntas irregularidades.

Su nombre también cobró notoriedad recientemente cuando trascendió dos días antes que “imputaría” a la que por ese entonces era la seleccionada a jueza Cecilia Corral Martín en un expediente por supuesta desaparición de actuaciones. La situación generó ruido dentro del ámbito judicial luego de que la información se hiciera pública antes de concretarse formalmente y finalmente no avanzara en los términos previstos, porque el funcionario judicial fue citado a la Procuración de manera inmediata para que argumente el accionar por lo menos arbitrario.

Es necesario destacar que el funcionamiento de la Justicia en Metán viene siendo señalado desde hace tiempo por la disparidad en los ritmos de investigación. Existen expedientes de relevancia que no registran avances significativos, entre ellos el caso del tiroteo protagonizado por el propio Senador Daniel D’auria o el de su colaboradora que intentó ingresar droga en la cárcel local que no derivó en detenciones inmediatas ni en un requerimiento a juicio.

En ese contexto, la celeridad con la que se actuó en la causa por amenazas contrasta con otros antecedentes recientes. La comparación vuelve a instalar preguntas sobre los criterios de priorización, la consistencia de las investigaciones y el uso de herramientas penales en escenarios donde todavía no se incorporaron pruebas técnicas concluyentes.

La investigación continúa abierta y se esperan resultados de pericias sobre los dispositivos secuestrados. Esos estudios serán clave para determinar el origen de los mensajes y establecer si existe correspondencia entre la titularidad de la línea y la autoría de los hechos.

Mientras tanto, el caso ya se convirtió en un nuevo punto de discusión sobre la violencia institucional, el funcionamiento del sistema judicial en el sur provincial y los estándares con los que se adoptan decisiones que impactan directamente sobre la libertad de expresión de quienes son voces disidentes.

📌 Publicado por Diario InfoSalta