Amenazas escolares: Córdoba hará pagar los operativos policiales a familias de alumnos involucrados

En medio de una creciente preocupación por las amenazas de ataques en establecimientos educativos, la provincia de Córdoba resolvió aplicar una medida que apunta directamente a los adultos responsables de los estudiantes involucrados. El Gobierno confirmó que comenzará a cobrar los costos de los operativos de seguridad desplegados ante este tipo de situaciones a los padres o tutores de quienes difundan intimidaciones.

La decisión fue anunciada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien precisó que desde el inicio de la seguidilla de amenazas en el país ya se registran 26 adolescentes imputados en la provincia. Los casos están encuadrados como “amenazas calificadas por el anonimato”, figura contemplada en el Código Penal.

Según detalló el funcionario, las imputaciones alcanzan a menores de entre 16 y 18 años, incluso cuando no sean punibles por su edad. En esos casos, se deja constancia judicial de la conducta, mientras que en los adolescentes imputables se avanza con el proceso correspondiente.

La medida se inscribe en un contexto nacional atravesado por episodios similares que se multiplicaron tras un hecho ocurrido en Santa Fe. A partir de entonces, distintas jurisdicciones comenzaron a analizar estrategias para responder a este tipo de amenazas, que obligan a activar protocolos de emergencia y movilizar recursos policiales.

En esa línea, Córdoba tomó como referencia una iniciativa impulsada en la misma provincia por el ministro Pablo Cococcioni, quien también propuso trasladar el costo de los operativos a los responsables de los autores de las intimidaciones.

Desde la cartera de Seguridad cordobesa aclararon que los montos a cobrar no serán uniformes, sino que se calcularán en función del despliegue realizado en cada caso. La diferencia radica en la magnitud de la intervención: no implica el mismo gasto una custodia preventiva en el ingreso de un establecimiento que un operativo que involucre unidades especiales ante una posible amenaza de explosivos.

Para determinar el valor, la Policía provincial relevará los recursos humanos y materiales utilizados en cada procedimiento. Luego, se notificará a las familias para que afronten el costo correspondiente. La medida se sustenta en el principio de responsabilidad patrimonial, con el objetivo de evitar que este tipo de acciones recaiga sobre el presupuesto público.

Las autoridades señalaron que la reiteración de estos episodios generó un fuerte impacto en la dinámica escolar, con evacuaciones, suspensión de clases y preocupación en las comunidades educativas. En ese marco, también se hizo foco en el rol de los adultos en el acompañamiento cotidiano de los adolescentes, especialmente en el uso de dispositivos móviles.

Mientras las investigaciones continúan en cada uno de los casos registrados, el Gobierno provincial sostiene que el objetivo central es desalentar estas conductas y reducir la activación innecesaria de operativos que demandan tiempo, personal y recursos en situaciones de emergencia.

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