•Por: Teresita Frias
La Asamblea Lesbotransfeminista denunció violencia institucional durante un pañuelazo contra la cláusula “vida desde la concepción”, mientras crecen las acusaciones por trabas al aborto legal y el deterioro de la salud sexual en la provincia.
Afuera del Concejo Deliberante capitalino, el grupo de mujeres desplegaba pañuelos verdes y carteles cuando el operativo policial avanzó sobre la protesta. Hubo empujones y forcejeos en medio de una manifestación convocada para rechazar la incorporación de la cláusula “vida desde la concepción” en la reforma de la Carta Orgánica Municipal. Lo que comenzó como un pañuelazo terminó convertido en un nuevo episodio de violencia institucional.
Desde la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta se expuso que las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo “desmedido” contra una protesta pacífica protagonizada por mujeres diversas. Además afirmaron que efectivos policiales intentaron retirar banderas, desplazar a las manifestantes y desarticular la actividad realizada frente al edificio legislativo. “Hubo intimidación, hostigamiento y un intento de disciplinar el derecho a manifestarse”, señalaron luego de los incidentes.
“Nos sacaron a empujones, pero los violadores entran”, lanzó Sofía Fernández, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, mientras alrededor suyo seguían las discusiones con efectivos policiales. La frase quedó resonando frente al Concejo y sintetizó el malestar de las organizaciones feministas, que denuncian un endurecimiento político y sanitario contra los derechos sexuales y reproductivos en la provincia pero pasividad ante concejales de La Libertad Avanza con causas por abuso sexual.
La protesta se realizó en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y estuvo atravesada por una consigna central: en Salta, la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo no se cumple de manera efectiva.
Según denunció Fernández, ya comenzaron a registrarse consecuencias graves en hospitales y centros de salud. “Están llegando mujeres con infecciones y personas que intentaron abortar con perejil porque creen que no tienen otra salida”, advirtió.
Desde la Asamblea Lesbotransfeminista sostienen que el problema no es la falta de recursos sino una definición política. Fernández aseguró que existen profesionales preparados y equipamiento médico disponible para realizar prácticas seguras, pero que no se utilizan. “Tenemos depósitos llenos de AMEO y personal capacitado. No es solamente la falta de medicación, es una decisión política para que no se hagan abortos en tiempo y forma”, afirmó.
Las organizaciones denuncian que Salta no compra misoprostol (medicamento recomendado internacionalmente para la interrupción del embarazo) ni gestiona su provisión ante Nación. En cambio, sostienen que se adquiere Oxaprof, un fármaco considerado obsoleto para estos procedimientos. Como consecuencia, muchas mujeres terminan derivadas a legrados quirúrgicos, prácticas más invasivas y realizadas semanas después del inicio del pedido.
“¿Para qué hacen esperar tanto tiempo si eso también destruye la salud psicológica de las mujeres?”, cuestionó Fernández. Para la referenta, las demoras funcionan como una forma de castigo y disciplinamiento.
El reclamo también incluyó denuncias por el deterioro de las políticas públicas de salud sexual. Según expusieron las organizaciones, desde hace dos años existen faltantes de preservativos en hospitales y centros sanitarios. Fernández reveló que la última compra provincial habría sido de apenas 135 unidades y relacionó esa situación con el incremento de casos de sífilis.
Mientras tanto, dentro del Concejo Deliberante, la discusión por la reforma de la Carta Orgánica sigue elevando la tensión política. El eje del conflicto es la incorporación de una cláusula que establece “la protección de la vida y la salud desde la concepción”, impulsada por sectores vinculados a La Libertad Avanza.
Para los colectivos feministas, el impacto de esa definición va mucho más allá de lo simbólico. “Quieren instalar que Salta es provida, por no decir antiderecho”, señaló Fernández. Y agregó: “La gente termina creyendo que el aborto no es legal, deja de acercarse a los hospitales y siente miedo de ser maltratada”.
Por su parte, Irene Cari, integrante del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y de la Asamblea Lesbotransfeminista, relató que el enfrentamiento comenzó cuando efectivos intentaron retirar el equipo de sonido y las banderas. “Aparecieron de golpe, como un asalto”, describió. Según denunció, una policía sujetó y empujó violentamente a Sofía Fernández mientras otros agentes rodeaban al grupo.
Cari vinculó lo ocurrido con otros antecedentes de persecución hacia militantes feministas y recordó episodios de hostigamiento durante movilizaciones anteriores. “Siempre buscan disciplinarnos para que dejemos de ocupar el espacio público”, afirmó.
La situación también generó cruces entre concejales durante la sesión ordinaria. La edil Malvina Gareca cuestionó el despliegue policial y sostuvo que el operativo fue “desproporcionado”.
Pese al clima de tensión, las organizaciones feministas confirmaron que volverán a movilizarse este viernes frente al Concejo Deliberante y que participarán de una nueva jornada de “Ni Una Menos” el próximo 3 de junio en Ciudad Judicial y Plaza 9 de Julio.
“Sobre nuestros derechos no se vuelve atrás”, repiten las convocatorias que comenzaron a circular en redes sociales apenas terminaron los incidentes. Y en una Salta antiderechos, el debate por el aborto legal volvió a ocupar las calles. Y esta vez, entre escudos policiales, pañuelos verdes y gritos frente al Concejo, el conflicto parece estar lejos de apagarse.
📌 Publicado por Diario InfoSalta
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