Flavia Royon impulsa una reforma clave y busca que los combustibles argentinos incorporen más producción nacional

Con la mirada puesta en el desarrollo de una matriz energética más diversificada y en el fortalecimiento de las economías regionales, la senadora nacional por Salta, Flavia Royon, presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley que propone un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles.

La iniciativa apunta a reemplazar la normativa actualmente vigente mediante un esquema que incorpora mayores niveles de participación de combustibles de origen renovable, nuevas reglas de comercialización y herramientas destinadas a fomentar la competencia dentro del sector.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el incremento progresivo de la participación del biodiesel en el gasoil que se comercializa en el país. El proyecto establece que, una vez sancionada la ley, el porcentaje mínimo deberá alcanzar el 7,5%, elevarse al 10% durante el primer año y llegar al 15% al cumplirse los dos años de vigencia.

En paralelo, se fija un contenido obligatorio del 15% de bioetanol en las naftas desde el inicio del régimen. Ese volumen deberá distribuirse en partes iguales entre los productores que utilizan caña de azúcar y aquellos que elaboran el combustible a partir de maíz.

La propuesta también amplía el universo de energías renovables contempladas por la legislación. Además del biodiesel y el bioetanol, incorpora categorías vinculadas a las nuevas tendencias internacionales como el biometano, el Bio-GNC, el Bio-GNL y los combustibles sostenibles para la aviación, conocidos globalmente como SAF o Biojet.

Según explicó Royon, la iniciativa busca transformar la producción primaria de las distintas provincias en bienes con mayor valor agregado. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo de los biocombustibles representa una oportunidad para generar empleo especializado, impulsar inversiones y fortalecer la actividad económica en las regiones productoras.

Otro de los puntos destacados del proyecto es la creación de una Plataforma Electrónica de Comercialización que estará administrada por un organismo independiente. El objetivo será garantizar mecanismos transparentes para la formación de precios y asegurar igualdad de acceso para todos los participantes de la cadena productiva.

La iniciativa incorpora además medidas específicas para proteger a las pequeñas y medianas empresas. Entre ellas se establece que al menos el 30% del volumen correspondiente al corte obligatorio de biodiesel deberá ser abastecido por compañías no integradas, buscando evitar procesos de concentración dentro del mercado.

En materia tributaria, el texto contempla exenciones sobre los biocombustibles respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, argumentando los beneficios ambientales y productivos asociados a estas energías.

De acuerdo con el proyecto, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, será la autoridad encargada de la aplicación y control del nuevo régimen. Además, la iniciativa prevé la derogación de la Ley Nº 27.640 y establece que las nuevas disposiciones comenzarán a regir treinta días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La propuesta abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro energético argentino y coloca nuevamente en agenda el rol de las provincias productoras en la generación de combustibles renovables y de mayor valor agregado.

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