Pensiones truchas a cambio de votos en Anta: el diputado “peronista” y su esposa, también legisladora, llevan años viviendo del Estado; él, imputado por asociación ilícita

La investigación federal que involucra al diputado anteño reconstruye una presunta estructura que habría utilizado certificados médicos irregulares para acceder a pensiones por discapacidad y que, según los testimonios incorporados, habría ofrecido esos beneficios a cambio de respaldo electoral. Su esposa, la médica y diputada Bettina Navarro, quién fue senadora, también es señalada en Anta por vecinos por prácticas que deberán ser corroboradas. Mientras la causa avanza, una declaración del fiscal dejó expuesto otro dato llamativo: dijo que “se enteró de que Orellana era diputado cuando la investigación ya estaba avanzada”.

Gerardo Orellana conoce desde hace décadas los pasillos de la política y también los pacientes de Anta. Fue intendente de Joaquín V. González, ocupó un cargo en el Gobierno provincial y en 2025 volvió a las urnas para conseguir una banca como diputado provincial.

Hoy, su nombre aparece en una investigación federal que analiza una presunta estructura dedicada a tramitar pensiones por discapacidad con documentación que, según la acusación, no reflejaría la situación real de algunos beneficiarios. El expediente tiene alrededor de 15 imputados y apunta a reconstruir un circuito que habría involucrado a profesionales de la salud, empleados, intermediarios y personas encargadas de gestionar los beneficios.

En el centro de esa trama aparece el nombre del actual legislador de Anta.

Según explicó el fiscal general Carlos Amad, “la imputación contra Orellana se vincula con actuaciones que se remontan aproximadamente al período comprendido entre 2007 y 2011”.

La Fiscalía sostiene que “el médico habría avalado con su firma trámites correspondientes a personas que no cumplían con los requisitos necesarios para acceder a una pensión por discapacidad”.

Algunos de esos beneficiarios, de acuerdo con la información aportada por el fiscal, “continuarían cobrando actualmente”.

La investigación intenta determinar si aquellas firmas fueron parte de un mecanismo organizado y cuál era la función que cumplía cada uno de los participantes.

Según Amad, “el expediente no se limita a analizar certificados. También contempla estudios médicos, derivaciones, expedientes administrativos, registros de beneficiarios y documentación que habría permitido reconstruir el camino seguido por cada solicitud”.

El voto como moneda de cambio

Una de las líneas más delicadas de la causa aparece cuando la investigación se cruza con la actividad política. Según los testimonios incorporados al expediente, “Orellana habría recorrido parajes y sectores vulnerables durante períodos electorales ofreciendo la posibilidad de obtener pensiones por discapacidad”.

En ese sentido, la Fiscalía sostiene que “esos beneficios habrían sido utilizados para conseguir votos”.

De acuerdo con el relato de Amad a InfoSalta, “el médico habría indicado a determinadas personas dónde continuar los trámites y las habría derivado hacia una clínica vinculada con otro de los investigados”.

La presunta operatoria habría tenido como destinatarias a familias de escasos recursos, justamente aquellas para las que una pensión estatal podía representar un ingreso decisivo. El expediente busca determinar cuánto de esa estructura funcionaba de manera administrativa, cuánto dependía de profesionales y cuánto respondía a una lógica política.

Los cuadernos que ahora son evidencia

Entre los elementos mencionados por la Fiscalía aparecen cuadernos y anotaciones con nombres de personas y referencias a supuestos pagos.

El dato adquirió relevancia cuando los investigadores cruzaron esas anotaciones con los padrones de beneficiarios. Según Amad, “algunas de las personas registradas en los cuadernos efectivamente aparecen cobrando pensiones”.

Los montos que habrían sido exigidos para avanzar con los trámites oscilaban, según la investigación, entre 20.000 pesos y hasta un millón.

La Justicia intenta establecer quién recibía esos pagos, cómo se distribuía el dinero y qué relación existía entre esas entregas y la obtención de los beneficios.

El volumen económico atribuido a la presunta maniobra también es significativo. La estimación fiscal ubica el supuesto perjuicio para el Estado Nacional en alrededor de 3.280 millones de pesos mensuales.

Una pareja con años de presencia estatal

Mientras la causa federal avanza sobre Orellana, su apellido aparece inevitablemente asociado al de su esposa, Bettina Navarro, médica y también diputada provincial por Anta, comparte con él una extensa presencia en la vida política y sanitaria del departamento.

Vecinos de la zona también la han señalado por supuestas prácticas relacionadas con certificaciones y trámites médicos similares. Esas acusaciones, sin embargo, no forman parte de la imputación que actualmente pesa sobre Orellana y requieren una investigación propia y pruebas que permitan establecer eventuales responsabilidades.

Lo que sí resulta verificable es la permanencia de ambos dentro de la estructura política provincial. Orellana fue intendente, funcionario y actualmente es diputado.

Navarro también ocupa una banca legislativa. Durante años, los dos construyeron su presencia pública desde la medicina y el vínculo territorial con las comunidades de Anta.

Ahora, esa trayectoria queda inevitablemente atravesada por una causa que investiga precisamente el uso de beneficios estatales y documentación médica en un departamento donde la política territorial tiene un peso decisivo.

La propia investigación dejó otro elemento que llamó la atención. Al hablar sobre Orellana, Carlos Amad reconoció que “no sabía inicialmente que el médico investigado había asumido como diputado provincial”.

Según contó, “se enteró por una persona de su propia oficina y posteriormente la condición de legislador apareció incorporada al informe final de la investigación”.

Orellana había asumido su banca el 24 de noviembre de 2025, con mandato hasta 2029. Para ese entonces, la investigación federal ya se encontraba en curso. El propio Amad aclaró que “el diputado, al igual que los demás imputados, permaneció siempre a derecho y que nunca tuvo inconvenientes para comparecer ante la Justicia”.

El episodio no modifica la situación procesal del legislador, pero deja expuesto un aspecto poco habitual en una investigación que tiene como protagonista a una persona con una larga trayectoria política y que, al momento de avanzar la pesquisa, ya formaba parte de la Cámara de Diputados.

La salud como territorio político

Orellana tampoco desapareció de la escena pública mientras el expediente avanzaba. El diputado continuó participando de operativos sanitarios en distintos puntos del departamento a través del programa Extramuro-Anta Solidaria, junto al Ministerio de Salud Pública.

Las actividades incluyeron acciones en Salta Forestal, Luis Burela, General Pizarro, Las Lajitas y Nuestra Señora de Talavera.

Se trata de zonas donde el contacto directo con las familias y el acceso a prestaciones de salud forman parte de la actividad territorial de los dirigentes locales. Ese mismo territorio aparece ahora en una investigación que analiza testimonios sobre presuntas promesas de pensiones y utilización de esos beneficios durante períodos electorales.

Orellana está imputado por delitos vinculados con fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según la acusación fiscal.

La imputación no implica una condena y el legislador conserva todas las garantías correspondientes durante el proceso. Pero mientras los investigadores siguen detrás de nombres, expedientes, certificados y movimientos de dinero, en Anta vuelve a quedar bajo observación una estructura política que lleva años ocupando espacios de poder.

Y en medio hay preguntas inevitables, que hará la Cámara de Diputados al respecto, la justicia comenzará a investigar a la diputada Navarro?

📌 Publicado por Diario InfoSalta