Justicia en Salta: El desafío de llegar a las comunidades originarias sin perder de vista las barreras culturales

El Senado provincial y la Corte de Justicia de Salta analizaron la implementación de un nuevo esquema destinado a facilitar el acceso al servicio judicial en localidades alejadas. La primera experiencia se pondrá en marcha en Santa Victoria Oeste y, durante el debate, surgió la posibilidad de avanzar posteriormente hacia Iruya, donde las particularidades lingüísticas y culturales plantean desafíos adicionales.

La propuesta fue abordada durante un plenario realizado este jueves, en el que participaron senadores provinciales e integrantes de la Corte. El programa contempla la creación de Oficinas de Descentralización Judicial equipadas con recursos humanos y sistemas de telepresencia.

La iniciativa permitirá que habitantes de zonas distantes puedan realizar determinadas actuaciones sin trasladarse hasta los principales centros judiciales. Entre las gestiones previstas figuran mediaciones, declaraciones testimoniales, comunicaciones con defensores oficiales y otros trámites procesales.

Sin embargo, durante el encuentro se puso sobre la mesa una cuestión que excede la distancia geográfica: la posibilidad de que las personas pertenecientes a comunidades originarias puedan utilizar estas herramientas cuando existen diferencias idiomáticas, culturales y distintas formas de comprender los procesos de resolución de conflictos.

El senador Walter Cruz planteó que la experiencia que comenzará en Santa Victoria Oeste pueda proyectarse hacia Iruya. Su propuesta incluye incorporar mecanismos destinados a atender las barreras lingüísticas y establecer vínculos entre el sistema judicial estatal y las formas de justicia comunitaria indígena.

El planteo contempla que la incorporación de tecnología no sea el único recurso disponible. Para acceder de manera efectiva a una instancia judicial, una persona necesita poder comprender qué procedimiento se inicia, explicar su situación, conocer sus derechos y recibir asesoramiento.

En comunidades donde el castellano no constituye la principal lengua de comunicación, estas cuestiones adquieren una dimensión específica. Una notificación, una declaración o una explicación sobre una medida judicial pueden requerir herramientas adicionales para garantizar que la información sea entendida.

Durante el debate también se mencionó la necesidad de contar con recursos como intérpretes, operadores preparados para trabajar con comunidades originarias y profesionales capaces de comunicarse adecuadamente con quienes recurren al sistema.

Las Oficinas de Descentralización Judicial fueron planteadas como una alternativa para acercar determinados servicios a poblaciones ubicadas lejos de las sedes donde funcionan los tribunales.

Para los habitantes de localidades distantes, un trámite puede representar varias horas de viaje, gastos de traslado y la necesidad de modificar actividades laborales o familiares. La posibilidad de resolver determinadas instancias mediante telepresencia busca reducir esas dificultades.

Desde la Corte de Justicia señalaron que el esquema tendrá una implementación progresiva y que se trabajará de manera coordinada con la Comisión de Justicia del Senado.

Las nuevas oficinas no tendrán como objetivo reemplazar a los jueces de paz. Según se explicó durante el encuentro, funcionarán como una herramienta complementaria para facilitar el acceso a trámites y servicios judiciales.

El análisis sobre el acceso a la Justicia para las comunidades originarias se produce además mientras se encuentra vigente en Salta la denominada Ley Octorina, una normativa impulsada para abordar los crímenes de odio contra integrantes de pueblos originarios.

Cruz recordó durante el plenario la vigencia de esta legislación y planteó la importancia de que las futuras herramientas normativas incorporen la perspectiva y la cosmovisión de las comunidades indígenas.

La aplicación efectiva de una norma requiere que las personas alcanzadas por sus disposiciones puedan acceder a los mecanismos institucionales correspondientes. Esto incluye contar con información comprensible, posibilidades concretas para realizar denuncias, asesoramiento y acompañamiento durante los procedimientos.

La experiencia de Santa Victoria Oeste funcionará como primer paso de un programa que la Corte prevé extender hacia otros sectores alejados de la provincia.

La eventual llegada del esquema a Iruya incorpora una discusión sobre las condiciones que deberían acompañar a la tecnología para que la atención judicial sea accesible en comunidades con características lingüísticas y culturales propias.

El debate plantea así dos dimensiones de la descentralización: acercar físicamente los servicios y garantizar que quienes los utilizan puedan comprender los procedimientos y comunicarse dentro del sistema.

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