Quiénes son los 16 presos políticos que aún permanecen en las cárceles argentinas

Pese a las liberaciones de los últimos días, todavía se encuentran en esa condición varias personas que son objeto de la persecución oficial.

Carlos Zannini, Luis D’Elía, Jorge Khalil y Pablo Giusto fueron puestos en libertad en los últimos días por orden de la Justicia. Semanas antes había ocurrido lo mismo con el ex vicepresidente Amado Boudou. Sin embargo, el gobierno encabezado por Mauricio Macri continúa con una deuda bastante abultada respecto de los derechos y garantías constitucionales: aún quedan 16 presos políticos en el país.

Algunos de esos casos son bastante conocidos, ya que se trata de personas cuyos nombres y circunstancias vienen siendo tratadas profusamente por los medios de comunicación. Es el caso, por ejemplo, de Milagro Sala, que acaba de cumplir 800 días como prisionera del régimen de Gerardo Morales en Jujuy.

También son conocidos los casos de Julio De Vido, víctima de la asombrosamente oportuna “Doctrina Irurzun”, Fernando Esteche, a quien se le negó en las últimas horas la excarcelación en el marco de la inviable causa por encubrimiento derivada de la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman, o Facundo Jones Huala, sometido a un juicio ilegal en el sur como parte de la persecución al pueblo Mapuche.

Sin embargo, hay otras personas menos conocidas que también están privadas de su libertad por razones políticas, bajo directivas de un gobierno al que le gusta apuntar a lo que pasa con este mismo tema en otros países, pretendiendo ignorar lo que sucede fronteras adentro.

En primer lugar, están el resto de los presos y presas políticos de la provincia de Jujuy, sometidos a esa condición desde hace mucho tiempo y que ni siquiera accedieron a una falsa prisión domiciliaria como la que se le otorgó a Milagro Sala.

Sus nombres: Mirta Guerrero (también conocida como Shakira), quien es mantenida entre rejas pese a sus reiterados problemas de salud), Gladys Díaz, Graciela López, Mirta Aizama, Alberto Cardozo y Javier Nieva.

Otro caso en el norte del país es el de Diego Barreto, dirigente social salteño y ex subsecretario de Tierra y Hábitat de esa provincia. Barreto está preso desde hace dos años a raíz de una causa que la justicia local caratuló como asociación ilícita.

En la causa artificialmente inventada por el juez Claudio Bonadio, conocida como Los Sauces, que avanza sobre hechos que ya fueron juzgados con anterioridad, se encuentra preso del contador Víctor Manzanares, a quien presionan constantemente para que declare contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

José María Carrizo y Diego Alejandro Parodi, en tanto, continúan presos a raíz de la represión desatada el 14 de diciembre del año pasado durante el debate por la reforma que recortó los aumentos a los jubilados. A Parodi, Bonadio le negó la excarcelación porque se presentó a declarar con una remera distinta a la que llevaba puesta en el momento en que lo detuvieron. El polémico magistrado alegó que lo había hecho con la intención de evitar ser imputado.

Un juez federal que intenta competir con Bonadio para ver cuál de los dos es el más solícito a la hora de cumplir las órdenes de la Casa Rosada es Julián Ercolini. Fue él quien ordenó la detención de Carlos Kirchner, primo de Néstor, procesado también por asociación ilícita en una causa que investiga la obra pública durante el gobierno anterior.

Por último, hace menos de un mes fue detenido mientras se encontraba en Buenos Aires el intendente de Río Turbo, Atanasio Pérez Osuna. El dirigente del Frente Para la Victoria fue interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, y está preso por una denuncia del funcionario de Cambiemos que ocupa hoy ese lugar, Omar Zeidán.