Liberaron al joven wichí detenido por una bolsa de maíz tras días de reclamos y un corte de ruta

La situación de Ariel Costas, integrante del pueblo wichí, tuvo un nuevo capítulo este fin de semana con su liberación, luego de permanecer privado de su libertad desde el 17 de julio. El joven había sido imputado por el presunto delito de tentativa de hurto agravado, en una causa iniciada tras un hecho ocurrido en la finca Gotardo, ubicada frente a la comunidad indígena El Quebracho, a unos 40 kilómetros de Embarcación.

Costas había viajado hasta esa comunidad para visitar a la familia de su esposa cuando terminó involucrado en un episodio que derivó en su detención. De acuerdo con la investigación judicial, la Fiscalía Penal de Embarcación, a cargo de Gabriela Souto, lo imputó por el delito contemplado en el artículo 163 del Código Penal, que agrava el hurto o la tentativa de hurto de granos ya cosechados.

Sin embargo, la versión aportada por sus familiares difiere de la acusación. Según lo transmitido por la referente indígena Laurentina Nicasio, un integrante de la familia Karlen habría llevado a Costas hasta la finca mediante intimidaciones. Siempre de acuerdo con ese relato, una vez dentro del establecimiento le habrían pedido que actuara como testigo de un supuesto robo y, posteriormente, terminó siendo señalado como responsable del presunto intento de sustraer una bolsa de maíz.

La familia Karlen posee varias propiedades rurales en el norte salteño y recientemente quedó bajo la atención pública luego de que la Justicia dispusiera un embargo preventivo por casi 29 mil millones de pesos en el marco de una causa vinculada a desmontes ilegales.

Mientras Ariel Costas permanecía detenido, familiares, integrantes de comunidades originarias y organizaciones sociales impulsaron distintas acciones para reclamar su liberación. Las protestas se intensificaron con un corte de ruta realizado durante la jornada del martes, medida que coincidió con la decisión judicial que permitió su salida en libertad.

En paralelo, el Centro de Abogados ALFA presentó una nota ante la Procuración General de la Provincia para solicitar la revisión del caso. Desde esa organización señalaron que la causa también expone cuestionamientos sobre el acceso a la Justicia por parte de los pueblos indígenas y advirtieron sobre posibles situaciones de discriminación y desigualdad en el sistema judicial.

Con la liberación de Costas, la investigación continúa abierta y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho que dio origen al expediente.

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