Apolinario Saravia | Tercer día de reclamo por la usurpación de tierras que pertenecen a la comunidad WICHI IHI LEW’ET

La comunidad WICHI IHI LEW’ET reclama tierras que les  corresponden según la resolución Nro 220 del INAI y que están siendo explotadas por un criollo de nombre Benito Herrera. Desde hace tres días que  la misión wichi acampa en el lugar.

Hasta el momento se han hecho presentes  el fiscal Gonzalo Gomez Amado, el Auxiliar Fiscal Sergio Dantur, personal policial y un abogado de apellido Zabaleta que patrocina a Herrera. Luego de que  instaran a la comunidad wichi a retirarse y pese a que llegaron a negarles el paso con la policía, hoy acordaron mediante actas que continuarán acampando hasta el 31 de enero, fecha en que se llevará a cabo una audiencia entre las partes. Este acuerdo se logró porque la comunidad indígena no tenía un representante legal.

Según denuncian desde la comunidad wichi, Benito Herrera se apropió de 6 hectáreas que figuran dentro del plano de las tierras ancestrales que les reconocen desde nación. En comunicación con el Cacique Mario David Martinez expresa “hay una parte que antes era un cementerio comunitario, que  han desmontado, y resulta que no  quedan ni vestigios del cementerio. Han hecho módulos ahí, están sembrando. Son cosas que nos han molestado…”.  Las tierras están siendo arrendadas para cultivos, “está arrendando -como finca-, está comercializando, no es un uso como lo precisamos nosotros para beneficio de la comunidad”.  El Cacique afirma que si el uso fuera por una necesidad habitacional para Herrera habrían acordado con él pero no es el caso.

Son tierras que les han sido reconocidas a la misión Wichi mediante resolución Nro 220. El relevamiento se hizo desde el INAI en el año 2013 y la carpeta técnica les fue entregada el 19 de abril de 2016, según detalla Hugo Yance, representante del pueblo originario por el departamento de Anta en el CPI -Consejo de Participación Indígena-.   El cacique Mario Martinez entiende al respecto: “Al hacernos el reconocimiento,  tenemos derecho sobre la propiedad”.

Alrededor de 100 familias del pueblo originario esperaban ocupar esas tierras para  viviendas.  El conflicto queda en suspenso hasta el día 31 de enero de 2018. La Dra Ruiz, del Ministerio de Asuntos Indígenas se habría comunicado con la fiscalía penal para solicitar una prórroga hasta que estén las partes legales para representar a la misión wichi. Se espera que se hagan presentes las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Ministerio de Asuntos Indígenas de la provincia. 

Sospechan de una trama política, puesto que Herrera sería cercano al Senador Ernesto Gomez, y su hijo es el fiscal penal Gonzalo Gomez Amado. La comunidad originaria permanecerá acampando en las tierras que reclaman.