Natalia Buira había demandado a Víctor Raúl Soria por violencia de género reiterada. Deberán redistribuirse las causas en las que estaban interviniendo ambos magistrados.
La Justicia prohibió que el juez de personas y familia número dos, Víctor Soria, se acerque a la defensora oficial civil número cuatro, Natalia Buira, quien lo había denunciado por reiterados hechos de violencia de género en el ejercicio de sus funciones. Se deberán redistribuir las causas en las que ambos magistrados intervenían para que no tengan contacto.
Natalia Buira había denunciado al juez por violencia verbal, psicológica y por repetidas situaciones de maltrato y “ninguneo” que vivió en el desarrollo de sus tareas como representante legal de personas que no tienen recursos para pagar un abogado particular. La defensora planteó el tema primero por la vía administrativa, en el Poder Judicial, y luego radicó una denuncia judicial con el patrocinio de la abogada especializada en protección de los derechos de las mujeres Graciela Abutt Carol.
En un fallo de primera instancia, la jueza de Violencia Familiar y de Género, Noemí Valdez, había llamado “a las partes a gestionar herramientas y mecanismos que les permitan sostener un diálogo pacífico” en cada proceso judicial. También notificó a Soria de que debía darle “un trato igualitario” a la defensora oficial y “evitar expresiones verbales o gestuales que pudieran afectar su integridad psicofísica en ocasión del ejercicio de sus funciones”.
Natalia Buira y su abogada apelaron esta resolución y advirtieron que el problema no podía resolverse con una convocatoria al “diálogo” por la relación asimétrica de poder entre víctima y victimario que caracteriza a los casos de violencia de género. “Promover una suerte de acuerdo entre agresor y agredida responde a uno de los cimientos más relevantes e inadvertidos de la cultura que justifica y soslaya la violencia y la discriminación de género, justamente aquel que sostiene que la violencia es un asunto de índole privada que puede remediarse mediante la promoción de un diálogo”, expone la presentación.
Luego de revisar el caso, la sala segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que integran los jueces Verónica Gómez Naar y Alejandro Lávaque, consideró que la situación implica un riesgo para la salud física y psicológica de Natalia Buira y que corresponde dictar una prohibición de acercamiento para proteger a la víctima y prevenir nuevos hechos de violencia.
El hecho que llevó a la primera denuncia administrativa se produjo en 2018, cuando Buira asistió al juzgado por una audiencia con una mujer de Güemes a la que representaba. Ese día, según la demanda, en el juzgado no quisieron confeccionar el acta que acreditaba que la mujer había comparecido. Luego de reclamar por lo ocurrido, la defensora le advirtió a Soria que haría una denuncia interna, a lo que el juez le respondió que ella no tenía “estatura moral” para denunciarlo y le cerró la puerta. Además, la defensora describió que la situación terminó con el juez gritando en los pasillos de la Ciudad Judicial.
En el expediente se sostiene que hubo repetidas actitudes hostiles del juez que, para Natalia Buira, eran un intento de “acallarla” y restringir su libertad de trabajo.
Luego de una denuncia administrativa ante la Corte de Justicia, Natalia Buira decidió que un abogado varón que trabaja en su Defensoría la acompañara a las audiencias en el juzgado de Soria, para sentirse respaldada.
En diciembre de 2020 el juez impidió que el letrado siguiera asistiendo con ella. Primero argumentó que no podía dejarlo pasar por el protocolo sanitario, a pesar de que el salón era lo suficientemente amplio para mantener el distanciamiento, y luego le dijo no quería que nadie “lo grabe”. Luego de eso, Buira decidió avanzar con la presentación judicial.
Informe de la OVIF y antecedentes
Un informe del equipo interdisciplinario de la OVIF (Oficina de Violencia de Género), donde se radicó la denuncia contra el juez Víctor Soria, advirtió sobre indicadores de riesgo que planteaban la necesidad de tomar medidas. Entre otros puntos, señala que existen antecedentes de denuncias por violencia de género contra Soria (presentadas por exparejas).
En el expediente también constan certificados que acreditan problemas de salud que sufrió Natalia Buira y que podrían relacionarse con el estrés.
En las actuaciones, la defensora recordó que Soria es el juez que en 2013 prohibió que le realizaran el aborto no punible a una niña de 13 años que había sido violada por su padrastro, pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había establecido que en estos casos cabía la interrupción legal del embarazo.
El juez apeló el fallo de primera instancia que lo llamaba a tener un trato igualitario y un canal de diálogo con Natalia Buira. Consideró que no era procedente aplicarle una regla de conducta “en tanto no sea coordinada y articulada por la Corte de Justicia”. Además, argumentó: “Los hechos no encuentran basamento en una relación desigual de poder sustentada en el género, pues se trata de una relación de juez y parte, en la que esta ultima puede estar en desacuerdo… pero no justifica que tal actividad jurisdiccional se encuentre basada en su condición de mujer”, argumentó. El Tribuno
