Rosana Paola Ruíz, el rostro del abuso del Poder Judicial en Orán
La mujer sufrió parálisis facial y tuvo que ser internada en terapia intensiva en el año 2019. Hace varios años que vive un calvario, y en esta nota, extensa pero que vale la pena leerla, se pone en evidencia el gran entramado de abuso en su más grande esplendor, del Poder Judicial de Orán. En un relato cronológico, se describirá la historia de este infortunio, y que aún sigue afectando a la familia de Rosana.
- El día 28 de junio del año 2019 a horas de la mañana, Rosana Paola Ruíz sale de su lugar de trabajo, Servicio Social del Poder Judicial, para atender un pedido de presentarse ante las oficinas del Servicio Médico del Poder Judicial de Orán, cuando el médico Héctor Manuel Guerrero le dice que “a pesar del certificado médico del especialista, le va a tener que revisar sus partes íntimas“. Ella pide la presencia de su esposo, además de manifestarle que “le daba pudor y lo consideraba innecesario“. Llegado Jorge, su esposo, el médico Guerrero le pide que se saque los pantalones para la revisación en la zona de la ingle y vagina. Hecho esto, a pesar que ya era visible el abseso foruncular que tenía, además de caer un poco de papel higiénico que tenía en ese lugar, manchado con “pus” que se había puesto para ir a trabajar y para que no se le manchase el pantalón. Igualmente el médico Guerrero le hace señas para que abra las piernas, Rosana le dice que no quiere perder el equilibrio pues en todo momento estaba parada y llorando, el médico le responde que “se apoye en el escritorio y que apoye una pierna en una de las sillas“. Es así que se puso los guantes y se agachó a ver la ingle y vagina. A pesar que el abseso era visible y se encontraba llorando y temblando, el doctor le pidió que se corriera la ropa interior, lo cual hizo, tocó el abseso y los labios vaginales, y corrió aún más la ropa interior dejándola expuesta a su mirada. Ella no podía hablar, al punto que quien habló fue su marido que le repetía que eso no podía hacerlo que ya veía lo que tenía y que había sido certificado de otro médico, Guerrero ante ello era inmutable en su accionar, como si nadie hablase, cuenta a InfoSalta la víctima.
2. Lo relatado es parte medular de una historia de acoso y una violencia institucional desatada contra Rosana por parte del Poder Judicial Salteño. Ha tenido un trauma que ha afectado desde su vida íntima hasta depresiones profundas que terminaron en intentos de suicidio, tratamientos psiquiátricos, un accidente cerebro vascular (ACV), agorafobia (este trastorno consiste en un miedo y una ansiedad intensos de estar en lugares de donde es difícil escapar o donde no se podría disponer de ayuda. La agorafobia generalmente involucra miedo a las multitudes) y otras indecibles. A esto hay que sumarle las violencias asociadas al poder, varias, rondas del mismo médico abusador, sanciones por hechos muy menores, ha recibido denuncias por hechos que no cometió hasta quedar a borde de un juicio, sin posibilidad de suspensión de juicio a prueba y ha sido apartada de trabajar “preventivamente” sin goce de sueldo y sin obra social, para que no pueda completar su tratamientos médicos, para que “se muera”.
3. Apenas salida del Servicio Médico del Poder Judicial, y aún en el edificios de Tribunales Orán, se cruza con una compañera que la ve sollozando, a la pequeña charla le recomienda y alienta que lo denuncie. Es así que se anima a denunciar ese mismo día, una denuncia que hasta el día de hoy no tiene imputación ni otra investigación que la de su propio testimonio o confirmación de denuncia. Esa causa, la AP 664/19 de la fiscalía de Violencia de Genero Orán, no ha avanzado en nada desde esa fecha, sigue sin imputación ni archivo, sin embargo, se le armaron a ella varias causas, sanciones, y avanzaron a velocidad inusitada, que es parte de la diligencia del Poder Judicial, de un empleado que denuncia a un funcionario. Inmediatamente después de hecha la denuncia le llega la imagen, vía WhatsApp, de la denuncia, al Contador Norberto Musa, jefe de personal de tribunales y amigo íntimo del denunciado y a quien la víctima presentó después el médico Roberto Villalba Bachur.
4. Ruíz asegura: “En el Poder Judicial de Orán pasan cosas que merecen un sumario por lo menos. Un día del año 2016 el encargado del depósito de tribunales le prestó las llaves a un albañil y al otro día faltaban 5 motocicletas secuestradas; por supuesto que al encargado nunca lo sancionaron y el albañil nunca fue preso“. Contrariamente, a Rosana Paola Ruiz, por distraerse una hora y marcar a destiempo su salida, avisando inmediatamente del error “no te hagas problema, ya lo vamos a corregir, gracias por avisar”, le dijeron, pero la sancionaron a 17 días de suspensión (sumario 1.064), junto a otros que tenían varias horas extras no autorizadas. Otras veces pasan cosas indecibles propias del derecho penal exclusivamente, indica la víctima: “como dos empleados del poder judicial (Javier García y Miguel Aguilera) que se batieron a cuchillo y balazos también en el depósito judicial de Orán, resultando heridos, pero de esto nada se supo, ni hubo denuncias ni fiscales que investigaran”. Pero esta mujer cuenta que va a juicio por no haber ejercido nunca actos propios de mediadora, cuando ya recibida, pero sin matrícula, estaba preparando un centro de mediación, para cuando esté habilitado y pudiera ejercer. por otra parte, indica que “tampoco hay una orden de capacitar al personal de Servicio Medico en perspectiva de Género dada por la jueza Maidana Vega en el expediente VF 871908 se hizo todavía. Con remisión a juicio por una supuesta Usurpación del Título, sin derecho a la suspensión del juicio a prueba. Por el hecho de las horas extras también fueron denunciados todos por defraudación al estado, fueron todos sobreseidos, a todos les devolvieron los días de suspensión, menos a ella”.
5. Luego del hecho que se relata arriba, Ruíz comenzó a sufrir los padecimientos propios de una víctima, indica que trató de sobrellevarlos con altas y bajas, tratamiento psicológico, ocupándose de estudiar y cuidar de su madre. Los efectos, más bien reacciones, a su denuncia, no se harían esperar: las rondas por la puerta de su casa del auto o camioneta del médico denunciado, con carácter intimidante. Las acciones corporativas de una camarilla del poder judicial que la mujer llama “la banda de Catalano” que, enterados de la denuncia hicieron una reunión con los médicos Bachur, Benítez, Héctor Manuel Guerrero, el contador Musa en el Servicio Médico, y luego se reunieron con una jueza en la casa de Villalba Bachur. Rosana manifiesta que el médico Roberto Villalba Bachur no se olvida de señalar su amistad con Guillermo Alberto Catalano, presidente de la Corde de Justicia de Salta, con quien dice ir a pescar y dormir en su casa cuando visita Orán, y según la ex esposa del médico Guerrero, Analía Figueroa, éste tenía grabada toda la conversación de esa reunión, y la expresión de dicha reunión consta en las conversaciones de la ex esposa de Guerrero quien era su marido en ese momento. Ruíz, se recibió de mediadora en un curso hecho en la capital salteña, capacitación de la UBA (dirigida pro el Dr. Fariña), un abogado del foro local, el Dr. Joaquín Vélez, y recuerda que le ofrece un espacio destinado a Mediaciones, para habilitarlo y poder funcionar cuando ella obtenga su matrícula de mediadora. “El cartel, y es de público y notorio, sobre el Centro de Mediación, está muchos años antes”, indica. En el relato de Rosana se destaca que “semana y media después, el día 24 de agosto de 2019, recibe una llamada para que se hiciera presente en la oficina del abogado Vélez, estaba en la puerta la Dra. Fosatti, haciendo un acta para hacer la denuncia que momentos después realizaría por Usurpación de Título. Esto causó más trastornos nerviosos al punto que sufrió un Accidente Cerebro Vascular, quedando hemipléjica por un año de rehabilitación. Entre la médica neuróloga Dra. Claudia Furlan y la Licenciada en psicología Érika Cecilia Kucuk, diagnosticaron a principios del año 2020: Depresión, Trastorno de estrés postraumático (F43.1) y SGB (El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un trastorno poco frecuente en el cual el propio sistema inmunitario de una persona daña sus neuronas y causa debilidad muscular y a veces parálisis) a raíz de una situación de violencia de género y acoso sexual en el ámbito laboral”, con la recomendación de que: “se considera que de persistir en el puesto de trabajo sin cambios sustanciales podrían llegar a desarrollarse otras patologías asociadas a la situación laboral de la paciente como estados maníacos depresivos agudos o intentos de suicidios. Vale decir que esto último sí ha ocurrido. A tiro de gracia recibe la notificación “LA CORTE DE JUSTICIA RESUELVE: Suspender PREVENTIVAMENTE y sin percepción de haberes a la empleada Rosana Paola Ruiz hasta tanto se acredite su desvinculación definitiva de la causa penal que tramita en su contra..”. Aplicando la acordada número 7613 que no está publicada ni siquiera en la página del Poder Judicial (no llega al año 1995) que nunca se había aplicado en sus 26 años de historia, salvo un caso de una empleada de Metan acusada de secuestro extorsivo, y presa obviamente.
6. Alguien puede preguntarse cómo comienza todo ello. Rosana Paola Ruiz ingresa al Poder Judicial en el año 2013, en el 2.014, a siete meses de ingresar, su madre Rosalía Bazán, de quien es única hija, comenzó con complicaciones coronarias y fue intervenida quirúrgicamente dos veces, la primera en el año 2.015 y la segunda vez en febrero de justamente el año 2.019. Cuando pidió al Dr. Bachur la primera licencia de 10 días para cuidar a su madre, el Dr. Bachur le dijo: “un cafecito, vos sabés…”, a lo que ella le contestó: “No, yo no sé nada de eso”, lo que obtuvo por contestación del médico Bachur: “Ah, no, retobadita no. Te va a ir muy mal, sos muy nuevita para pedir carpeta médica”. A todas las carpetas las cuestionó de falsas hasta la intervención quirúrgica que tuvo Rosalía Bazán. Igualmente con la carpeta médica por el cáncer de mama de Rosalía Bazán, y le extirparon media mama. Es por estas persecuciones que ella no trataba con el médico Bachur, y comúnmente lo hacía el Dr. Benitez, quien fue el que que le mostró la captura de pantalla de la denuncia de ella, el Dr. Benitez fue quien le dijo “el 14 de junio que los médicos Bachur y Guerrero comentaban que ya iba alegar la cesantía de ella, por eso a su padrastro le da un ACV que deriva en abandono de persona seguido de muerte en la terapia intensiva de la Clínica Güemes, guardia del médico Hector Manuel Guerrero, cuando llega derivado con septicemia al Hospital San Vicente de Paul, delirando de fiebre sin ningún medicamento ni calmante en la sangre“. Sin embargo fue al Dr. Benitez quien fue sancionado apartado del Servicio Médico por buen tiempo del Poder Judicial, por haberle mostrado el mensaje a Rosana.
7. Puede parecer un hecho cotidiano: En el año 2.017 Ruíz cuenta que se entera, por capturas de pantallas, que la denuncia que ella hizo en el otro poder (Ministerio Público Fiscal), el mismo jefe de la Administración Orán, el Contador Nolberto Musa, le pasó la imagen de la denuncia de ella al denunciado, y hasta hubo una reunión, en la que estuvieron jueces reunidos, con los médicos del Servicio Médico del Poder Judicial, para que esa denuncia no prospere. Y esto no es nada con
“Comento la extirpación de una mama de mi madre porque en esos días después del hecho, el Dr. Bachur me reprochó que la enfermedad de su madre era otra excusa para sacar carpeta médica”, dice la mujer y asegura que el 16 de mayo del 2.019 Néstor Domingo Díaz, el conviviente de su madre, sufre un aneurisma por lo que queda internado en Clínica Güemes, hasta llegar a Terapia intensiva. Habiendo estado días enen ese lugar sin que se recupere ni se estabilice, es derivado al Hospital de Orán de urgencia el 19 de junio del mismo año. Cuando es recibido por terapia intensiva del Hospital San Vicente de Paul, hechos los análisis en sangre, llamó poderosamente la atención que el paciente, a pesar de tener ya una neumonía muy avanzada y sepsis, no haya tenido ningún rastro de medicamento en la sangre. Es decir que en terapia intensiva lo estaban dejando morir, a la vez que se estaba al tanto del padecimiento de dolores indecibles, lo que es un trato inhumano, falta a los derechos del paciente médico, sin contar las calificaciones legales penales que puedan caber por tortura y abandono de persona seguido de muerte. El médico que recibía la guardia en la terapia intensiva de la Clínica Güemes, era el médico Héctor Manuel Guerrero, quien estaba al tanto de la afinidad por las visitas.