Periodistas fueron intimados por sus “manifestaciones tendenciosas” contra la Fundación Volviendo a Casa

El portal Web DiarioInfoSalta accedió de forma exclusiva a las copias de las cartas documento que la expresidenta de la Fundación Volviendo a Casa, y actual secretaria de Relaciones con la Comunidad dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta, Isabel Soria, envió a periodistas y empresarios de medios de comunicación.

Fueron intimados a ofrecer las pruebas y evidencias de las manifestaciones vertidas por sus respectivos medios y en entrevistas, Abel Díaz, de DNI Salta; Juan José Bejarano de Con Criterio Salta; y Claudia Bañagasta por una entrevista que brindó en la radio de Abel Díaz.

Soria consideró que las manifestaciones causan “deshonra en afectación a la dignidad, imagen y prestigio”, y agregó: “hago reserva por acción deshonrosa, calumniosa e injuriante, y por los daños y perjuicios de su consecuencia”, según consta en las cartas documento.

Bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales, los intima para que en el plazo de las 24 h, ofrezcan pruebas, se retracten y/o hagan la debida aclaración pública.

La causa

Por orden de la jueza federal de Garantías N°2 Mariela Giménez, personal de la División de Trata de la Policía de Salta realizó allanamientos en la zona del Bajo, rescató víctimas y logró la detención de presuntos implicados en delito de trata de personas en una vivienda que fue cedida a la Fundación Volviendo a Casa.

Tal cesión surge de un proceso penal que se formalizó el 9 de diciembre de 2019, oportunidad en la que se allanó el mismo domicilio, donde los dueños habían montado un prostíbulo, en el cual varias mujeres eran rehenes de la actividad que los acusados llevaban adelante.

Como consecuencia de las pruebas reunidas, el 14 de enero de 2020, poco más de un mes de la formalización de la acusación penal, el Juzgado Federal de Garantías N° 1, condenó a los dos acusados, hizo lugar a un fuerte pedido de multas y también decomisó la vivienda, tal como lo había requerido el mismo fiscal Villalba, quien llevó adelante dicho caso.

La medida, considerada inédita en su momento, permitió que el inmueble quedara en manos del Estado Nacional, el que cedió la propiedad al Ministerio de Desarrollo Social de Salta, el que, a su vez, dejó una parte del mismo en manos de la fundación Volviendo a Casa.

En esa parte de la propiedad, la entidad lleva adelante el programa “Nosotras” y brinda talleres y otras actividades tendientes a ayudar a mujeres y personas víctimas del delito de trata, sin embargo, en el otro sector, en el que se habían instalados personas ajenas a la fundación, se había retomado el mismo delito, lo que generó nuevamente la actuación de la fiscalía. 

Tras el allanamiento, la fiscalía recuperó el otro sector del inmueble, el cual quedó a cargo del Estado Nacional, y este a su vez ya entregó en su totalidad a la Fundación Volviendo a Casa. En tal sentido, desalojaron a las ocupantes y se dispuso una consigna policial en Astigueta al 612, Villa San Antonio, a fines de evitar una nueva ocupación.

Cabe destacar que fue la institución, que lucha contra la trata de personas desde el 2009, quien denunció la presunta explotación sexual de mujeres en el domicilio.

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