La Cámara de Diputados de Salta aprobó en su primera sesión del año el Registro de Obstructores de Lazos Familiares en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia. Es para registrar a progenitores, guardadores o tutores que teniendo a su cargo el cuidado personal de niñas, niños y adolescentes “impidan el ejercicio del derecho a la comunicación o contacto del otro progenitor no conviviente o de la persona que tiene tales derechos”.
Si bien ya contaba con la media sanción de la Cámara Alta, la iniciativa legislativa tendrá que volver al Senado porque hubo modificaciones en su tratamiento en Diputados, de la mano de Mónica Juárez (del bloque 8 de Octubre). En tanto, en el Senado había sido impulsado por el legislador Emiliano Durand (Compromiso por Salta).
La iniciativa despertó reacciones. La organización Madres Protectoras de Salta calificó la creación de este registro como “terrible” porque “viene a atacar y revictimizar a las infancias, esto atenta y vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes y por eso estamos en total oposición y desacuerdo”, advirtió Yanela Barrios, representante del espacio. Aseguró que el proyecto plantea un inexistente Síndrome de Alineación Parental (SA), que tuvo su origen en Estados Unidos en 1985 y procura atacar las investigaciones de abusos sexuales a niños y niñas afirmando que las denuncias por estos delitos son solo expresiones infantiles inculcadas o elaboradas por sus madres para denigrar o acentuar la ruptura con sus ex maridos o ex parejas.
En septiembre de 2020 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió una declaración en la que rechazó la existencia del SAP “por carecer de validez científica y jurídica” y porque “la falaz teoría ha sido utilizada para invalidar pericias psicológicas y psiquiátricas, negar la existencia del delito de abuso de menores y desconocer la voz de los niños y de las niñas”.
Barrios expresó que en esta teoría las madres son “acusadas como las obstructoras de vínculos cuando es totalmente lo contrario”. En ese sentido, manifestó que la constitución de Madres Protectoras persigue precisamente el objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes porque “creemos en la palabra de ellos y de ese modo es que queremos protegerlos y actuamos y trabajamos en consecuencia”.
E insistió en que la iniciativa de los legisladores salteños intenta “ponernos en una posición de madres vengadoras que están buscando venganza con los otros progenitores”, cuando en realidad no se está teniendo en cuenta las voces y sentires de los niños, niñas y adolescentes. Según Barrios, este escenario se viene planteando en las sentencias actuales que involucran a las infancias y adolescencias, en las que “los juzgados están revinculando (a niños y niñas víctimas) con sus agresores sexuales y violentos sin tener en cuenta el interés superior de los niños”.
“La creación de este registro vendría a amparar a estos abusadores y violentos que quieren revincularse con los niños”, ratificó. “Nos planteamos cómo un niño que padeció y sufrió abuso puede querer vincularse con un abusador con la familia de su abusador”.
Ante ello, insistió en su rechazo a la propuesta legislativa basándose en que es fundamental que primero se tenga en cuenta el interés superior del niño, niña y adolescente, en el marco de los derechos reconocidos por la legislación nacional y tratados internacionales que son ley en el país. “No obstruimos vínculos, simplemente protegemos y creemos a los niños cuando vienen y cuentan situaciones de abusos o violencia, en la mayoría de los casos”, resaltó.
Madres Protectoras se constituyó a nivel nacional, y el año pasado trabajaron de manera conjunta con la diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos), también presidenta de la Comisión de Mujeres Y Diversidad. A partir de allí, se ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone derogar la Ley 24.270 de impedimento de contacto, una tenaza patriarcal que desde hace tres décadas expone a las infancias a situaciones de abuso y vulneración de derechos, y judicializa a las madres que luchan por sus hijes.
Macha aseguró en septiembre del año pasado, en declaraciones a Página/12, que “es importante derogar la Ley de impedimento de contacto, porque en la actualidad se la utiliza para castigar a las madres protectoras. Ellas evitan que sus hijxs estén en contacto con sus abusadores, mientras que éstos las denuncian usando esa normativa”. En los fundamentos de la iniciativa se deja en claro que la aplicación de la Ley 24.270, “en lugar de aportar soluciones pacificadoras a la problemática familiar”, profundiza los conflictos hasta alcanzar muchas veces capas de una inhumanidad patriarcal aterradora.
El proyecto de ley que se aprobó el 7 de marzo en la Cámara de Diputados de Salta ahora deberá volver al Senado para su aprobación final. Prevé que en el Registro de Obstructores de Lazos Familiares se inscribirán las altas y bajas que ordenen los juzgados competentes. Además, se extenderán de forma gratuita certificados de inclusión o de no inclusión en el Registro de Obstructores de Lazos Familiares, sea ante requerimiento de cualquier persona humana o jurídica de carácter público o privado.
Con ello, se pretende llevar un listado completo y actualizado de los “obstructores de lazos familiares”, que además será publicado en una página web, “con los datos personales necesarios para su correcta individualización” y en el Boletín Oficial de la Provincia, al menos una vez cada seis meses del año. También se buscará “promover la incorporación de las empresas e instituciones privadas al cumplimiento de lo que esta Ley establece”.
Asimismo, el Registro deberá remitir semestralmente la nómina de “Obstructores de Lazos Familiares” a la Administración Pública Provincial, centralizada o descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, obra social del Estado o cualquier otro organismo dependiente del Estado Provincial.
El proyecto de ley también establece que las personas incluidas en el Registro estarán inhabilitadas para ser designadas como autoridad superior, en cargo jerárquico o como empleados en la administración pública, centralizada o descentralizada, organismos autárquicos, en empresas y sociedades del Estado, en el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Auditoría General de la Provincia. Tampoco podrán postularse en concursos realizados por el Consejo de la Magistratura, la Unidad de Concursos del Poder Judicial o por el Ministerio Público; ni ser miembros del Consejo de la Magistratura.
Se suma la negativa para postularse para ejercer cargos electivos provinciales; inscribirse en el Registro General de Contratistas de la Provincia; ser adjudicatarios de viviendas sociales entregadas por organismos estatales provinciales; y obtener o renovar créditos, ser beneficiarios de subsidios o cualquier otro tipo de asistencia financiera, provenientes de entes u organismos del Estado Provincial, centralizado o descentralizado, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.
Al respecto, la diputa provincial Mónica Juárez, presidenta de la Comisión de la Mujer, sostuvo en la última sesión de la Cámara que la iniciativa era “algo necesario”. Afirmó que después de aprobado el Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia, “había otra parte donde nosotros como sociedad teníamos que seguir avanzando”, es decir, con el Registro de Obstructores de Lazos Familiares.
Lejos de alejarse de las posturas criminalizadoras, manifestó que lamentaba que los legisladores sean quienes “ponen orden en esto”. Por ello, expresó que es “necesario buscar la manera de preservar los derechos de los niños, niñas y adolescentes” y celebró que el Senado también se estaba ocupando del tema.
Basándose en su experiencia personal dijo que “la obstrucción de un lazo hacia un niño, niña o adolescente, no es cualquier cosa”, por lo que volvió a lamentar que no prime el sentido común de que “mientras más amor recibe un niño, niña o adolescente, siempre va a ser mejor”. “El proyecto que llegó del Senado tiene que ver mucho con los afectos, y con esas ganas que tienen los abuelos y unos padres de tener un vínculo sano y, sobre todo, sin problemas con los niños, niñas y adolescentes”, manifestó luego en el video institucional de la Cámara de Diputados. “El espíritu de este proyecto es un proyecto donde más amor es lo que suma”, insistió.
En tanto, el senador provincial Emiliano Durand ha dicho que este Registro es la solución para el delito en el que se “negocia” o priva el tiempo de visita del niñx con su otro progenitor o con la familia de éste. Sostuvo que la ley establece que aquello que “cometan el ilícito”, es decir, que impiden el contacto de su hijo o hija con el otro progenitor, no tendrán el acceso a determinados beneficios. “No es contra nadie, sino a favor de los niños”, expresó.
Hace tres meses se aprobó la primera propuesta de Durand en el Senado, luego fue a Diputados, en ese momento el legislador expresó que “se busca garantizar derechos de los niños tras el rompimiento de una pareja, de un matrimonio”. En esa línea, afirmó que sí se busca proteger el interés superior del niñO ya que el Registro “servirá para proteger a la persona más indefensa en toda esta ruptura y en toda esta relación que se puede dar en una pareja que ya no convive más. Por todo eso evitar que los niños paguen las desavenencias de los adultos, es el espíritu del Registro”, concluyó.
