La ley y el decreto reglamentario prevén la construcción de un espacio de memoria en el lugar, un reclamo histórico de los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.
Casi 19 años después de la tragedia en la que perdieron la vida 194 personas y un año después de la aprobación de la ley en el Congreso, el presidente Alberto Fernández instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a concretar la transformación del inmueble, aún bajo la administración de Rafael Levy, uno de los condenados por los hechos, a utilidad pública. La normativa contempla la construcción de un memorial, una demanda largamente esperada por los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.
La publicación del decreto correspondiente tuvo lugar el mismo viernes en el Boletín Oficial (BO) de la Nación y lleva la firma de Tristán Bauer, ministro de Cultura, Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Agustín Rossi, jefe de Gabinete, además del presidente.
El decreto, que consta de diez artículos, instruye al Ministerio de Justicia a llevar a cabo la expropiación y garantizar “el inmediato uso” de los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre al 3038/78 y Jean Jaures al 51, a solo una cuadra de la estación Once, en el barrio de Balvanera. Esta decisión se complementa con la designación de los inmuebles como Monumento Histórico Nacional a principios de noviembre.
Silvia Bignami, integrante del Movimiento Cromañón y madre de una de las víctimas, expresó su satisfacción con la reglamentación, destacando que el uso inmediato de los inmuebles era crucial. El decreto delega en la Secretaría de Derechos Humanos la creación de una comisión para la administración del espacio de memoria, compuesta por siete miembros, donde las organizaciones expresaron su preocupación por la distribución de representantes, considerándola desventajosa.
“Nosotros, que siempre participamos del proceso de expropiación, entendemos que al gobierno que sea hay que interpelarlo. Ahora tenemos la ley reglamentada en mano y tiene pasos estipulados a llevar a cabo: eso es una obligación del Estado de manera independiente de cualquier gobierno“, subrayó la integrante de Movimiento Cromañón. “Vamos a seguir luchando por la memoria de los pibes. Ahora empieza diciembre, que es un mes difícil para nosotros, por eso pedimos el apoyo y el acompañamiento para el próximo 30. Creemos que este diciembre, más que nunca, cualquiera que luche por memoria, verdad y justicia tiene que estar en la calle“, agregó.
La reglamentación llega más de un año después de la aprobación del proyecto por parte del Senado en octubre del año pasado. Desde entonces, las organizaciones han estado instando a la reglamentación para recuperar el espacio que fue devuelto a Levy en 2018 por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Nº24. Ahora, el decreto también ordena al Tribunal de Tasaciones de la Nación fijar el valor de la expropiación y establece las facultades del Consejo de las Víctimas y Familiares en la toma de decisiones sobre el uso del espacio, el plan de puesta en valor, y otros aspectos relevantes.
“Tenemos derecho a estar contentos los cinco minutos que nos toque y al sexto continuaremos luchando“.
Silvia Bignami
A pesar de las preocupaciones sobre el cambio de autoridades a partir del 10 de diciembre, las organizaciones destacaron que la lucha continuará, y agradecieron la medida que brinda un mayor respaldo a su causa.
Fuente: Página 12
