IMPUTAN A UNA EMPLEADA PENITENCIARIA POR ESTAFAS CON PAGARÉS EN BLANCO
La mujer fue denunciada por distintas personas a las que les otorgó préstamos a cambio de la firma de un pagaré en blanco, que luego fue ejecutado con sumas muy superiores a las prestadas.
Una empleada del Servicio Penitenciario enfrenta cargos por estafas relacionadas con el abuso de firmas en blanco, según informó la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. La mujer fue imputada provisionalmente por tres casos de estafa en concurso real.
La investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se inició después de que tres personas presentaran denuncias contra la acusada, quien trabajaba en el Servicio Penitenciario. Las víctimas alegaron que la mujer les había proporcionado préstamos a cambio de que firmaran pagarés en blanco.
Uno de los denunciantes afirmó que, a pesar de haber realizado un pago parcial de una deuda de 20,000 pesos en 2017, la acusada lo embargó en mayo de 2019 por una suma de 120,000 pesos más honorarios de 40,000 pesos.
Otro denunciante dijo que solicitó un préstamo de 43,000 pesos a la imputada, firmando un pagaré en blanco. Debido a problemas de salud, se retrasó en el pago de tres cuotas, totalizando 8,000 pesos. En menos de 25 días, recibió un documento de embargo por 150,000 pesos, revelando que correspondía al pagaré firmado.
El tercer denunciante contó que pidió un préstamo de 30,000 pesos a la acusada para pagar cuotas atrasadas del colegio de su hija, firmando un pagaré como garantía. Aunque cumplió con las cuotas durante varios meses, no pudo continuar debido a dificultades económicas. Como resultado, el pagaré fue ejecutado a través de su sueldo por un monto de 237,000 pesos.
Los informes caligráficos concluyeron que las firmas en los pagarés no coincidían con las de los denunciantes, pero sí con la de la imputada. La fiscal Salinas Odorisio sostiene que la acusada abusó de la confianza de las víctimas al ofrecer préstamos, solicitando pagarés en blanco como garantía. Luego, llenó los pagarés con sumas significativamente mayores a las acordadas, perjudicando económicamente a los denunciantes, quienes experimentaron embargos en sus sueldos.
