Tras 12 años de infamia, el doble femicidio de las turistas francesas quedó impune: Vera sobreseído mientras jueces y justicia salteña se lavaron las manos
Este fallo, lejos de ser un acto de justicia, es una muestra más del entramado de corrupción e impunidad que caracteriza al poder judicial salteño.
Esta tarde se conoció el sobreseimiento de Santos Clemente Vera, quien pasó más de 12 años en prisión acusado del doble femicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, un caso que marcó la historia judicial y política de Salta.
El Tribunal de Impugnación Sala IV justificó el sobreseimiento señalando que el proceso judicial había excedido los plazos razonables, vulnerando el derecho al debido proceso de Vera.
Así, el tribunal no se pronunció sobre la inocencia del acusado ni cuestionó la falta de pruebas que lo mantuvo tras las rejas durante más de una década. En cambio, optó por cerrar el caso apelando a un tecnicismo que encubre años de errores y abusos judiciales.
Una década de prisión para encubrir al poder
El caso de Vera no es solo un error judicial: es un símbolo del uso del sistema legal para proteger a los poderosos y sacrificar a los vulnerables.
Desde el inicio, la investigación estuvo plagada de irregularidades: pruebas contaminadas, confesiones obtenidas bajo presión y una ausencia total de evidencia concluyente contra Vera. A pesar de esto, el sistema judicial decidió mantenerlo tras las rejas para dar la apariencia de justicia en un caso que generó repercusión internacional.
Lo importante era encontrar un culpable rápido… Muchas teorías apuntan a que los verdaderos responsables serían hijos de figuras políticas influyentes durante el urtubeicismo, una época en la que Salta vivió una concentración de poder que minó la independencia judicial.
El encarcelamiento de Clemente, un hombre humilde, se convirtió en la solución perfecta para desviar la atención y proteger a los verdaderos culpables.
Un fallo que perpetúa la impunidad
Esta decisión no hace justicia ni para Vera ni para las familias de Cassandre y Houria. En lugar de admitir que Vera fue víctima de una injusticia monumental, el tribunal cerró el caso alegando que ya pasó demasiado tiempo. Esta decisión, lejos de reparar el daño, garantiza la impunidad de los jueces, fiscales y políticos que orquestaron este espectáculo judicial.
El argumento del tribunal, centrado únicamente en los plazos procesales, no cuestiona la ausencia de pruebas ni la manipulación del sistema judicial. Es un veredicto cómodo que deja a salvo a quienes permitieron que un inocente pasara más de una década tras las rejas mientras los verdaderos culpables continúan en libertad.
La vergüenza de un sistema corrupto
Este es uno los tantos casos judiciales que avergüenzan a la provincia ya que dejan al descubierto la podredumbre de un sistema judicial que responde a los intereses de las élites políticas de la provincia. En Salta, la justicia no es igual para todos: mientras los poderosos son protegidos, los más vulnerables son sacrificados para mantener la ilusión de un sistema funcional.
¿Qué consecuencias habrá para los jueces que avalaron esta farsa? Ninguna. ¿Se investigará quiénes son los verdaderos responsables del crimen? Tampoco. Con este fallo, el poder judicial salteño ha cerrado un capítulo oscuro de su historia, pero no hizo lo que todos esperábamos: JUSTICIA. Ha protegido, una vez más, a los intereses de quienes manejan los hilos desde las sombras.
La sociedad no puede permanecer indiferente ante este tipo de atropellos. Es momento de cuestionar la corrupción y la impunidad en el poder judicial salteño. Mientras no se exija una justicia independiente y transparente, casos como este seguirán repitiéndose.
La justicia que encarcela a los inocentes y libera a los culpables no es justicia… es complicidad con el poder.
Relacionado
