Esa localidad el domingo vivió una madrugada de terror. Una joven repartidora de delivery fue secuestrada mientras trabajaba, amenazada con un cuchillo y obligada a trasladar a su captor en su propia motocicleta.
Pero lo más indignante ocurrió después: la fiscalía no solo no la notificó sobre la imputación del agresor, sino que también le negó el acceso al expediente a su abogada.
El caso, que guarda una escalofriante conexión con la desaparición de Jésica Gutiérrez, reveló una vez más el abandono de las víctimas por parte de la justicia.
La víctima, de 25 años, realizaba una entrega en el barrio El Jardín cuando un hombre salió de una vivienda, la interceptó y le puso un cuchillo en la garganta. Antes de obligarla a trasladarlo, le dijo: “Te voy a llevar a dónde está Jésica”.
El ataque ocurrió a solo una cuadra del lugar donde Jésica desapareció hace cinco meses, lo que desató la preocupación de los vecinos.
Desde InfoSalta realizamos el mismo recorrido pasadas las 20 horas por las calles del municipio y constatamos que es una verdadera boca de lobo: no hay luces en varias calles linderas al río, ni siquiera en la costanera, lo que convierte la zona en un foco de inseguridad. A esto se suma el escaso número de efectivos policiales con los que cuenta la localidad. Aquí adjuntamos imágenes de las calles de La Caldera.
Durante horas, el secuestrador, identificado como José Miguel Sosa, de 32 años, con domicilio en el barrio Juan Manuel de Rosas (pese a que le dijo a la víctima que era de Pichanal), obligó a la joven a circular por distintas zonas de La Caldera, evitando las cámaras de seguridad, mientras la amenazaba con un cuchillo y mencionó en tres oportunidades a Jésica.
En diálogo con InfoSalta, la víctima, que prefiere mantener el anonimato – pese a que algunos medios la expusieron contra su voluntad- , contó que su infierno comenzó “cerca de las 3 de la mañana“.
“Este hombre hizo un pedido a nombre de una mujer. Cuando llegué al lugar de la entrega, se subió a mi moto y comenzó a amenazarme con un cuchillo para que condujera, siempre llevándome por lugares donde no había cámaras de seguridad”, relató. (Hay detalles aberrantes que omitiremos para no interferir en la investigación).
Luego de dos horas y tras señales que la víctima dio a su familia mientras aún tenía su celular, una de sus hermanas llegó al lugar donde estaba y la vio junto al agresor. Gracias a un gesto de alerta, entendió que estaba en peligro. Así fue como alertó a la familia y a la policía, que finalmente logró rescatarla y detener al sospechoso.
La joven denunció el hecho y declaró lo ocurrido, pero asegura que, luego de la denuncia, no recibió ninguna notificación oficial sobre la imputación del secuestrador. Se enteró por redes sociales.
“No me tomaron declaración, no me vio un médico legal, no constataron mis lesiones, no tengo acompañamiento psicológico. Me enteré por Facebook que ya lo imputaron”, contó a InfoSalta.
La Fiscalía de Género 1, lejos de priorizar la investigación, le negó el acceso al expediente a su abogada, Débora Ramírez, bajo el insólito argumento de que “el escrito fue presentado a través del Sistema Web del Ministerio Público y que esa fiscalía no utiliza ese sistema; por lo tanto, la presentación debe hacerse en formato papel”.
“Pedí hablar con algún secretario o auxiliar y me dijeron que no atienden al público, que lo exponga en los medios si quiero que me atiendan”, denunció la joven.
“Para colmo, la fiscal a cargo, la abogada Simense de Bielke, está de vacaciones, y nadie en la fiscalía parece dispuesto a tomar su lugar”, resaltó.
Y agregó: “Fui hasta la Procuración General de la Provincia para que me atendiera alguien y poder recusar a la fiscal por mal desempeño y denunciar las irregularidades. Pero en la puerta, el guardia que me atendió me dijo que ‘en la Procuración no atienden sin audiencia previa, que debía presentar una nota y que, sino, debía hacerlo público en los medios para ser atendida'”,
Una imputación que llega tarde y con irregularidades
El fiscal penal 1, Pablo Paz, imputó al acusado, José Miguel Sosa (32), por privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas con arma en concurso real. Se solicitó su prisión preventiva, pero la víctima sigue sin recibir información directa de la justicia.
Mientras tanto, la pista sobre Jésica Gutiérrez sigue sin ser investigada a fondo. El secuestrador mencionó su nombre tews veces, habló de su ex pareja y aseguró que Jésica “gritó mucho por sus hijos“. ¿Sabía algo sobre su paradero? ¿Por qué la fiscalía no actúa con la urgencia que el caso demanda?
La justicia en Salta parece tener un patrón claro: ignorar a las víctimas, ocultar información y proteger la burocracia por encima de la verdad.
La familia de Jésica sigue esperando respuestas, y ahora, otra joven se suma a la larga lista de mujeres abandonadas por el sistema.
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