La decisión fue tomada por el juez Aldo Primucci el 5 de febrero, dos días después de que se suspendiera el juicio que debía comenzar el 3 de febrero, en medio de una fuerte presión social para que se hiciera justicia.
Después de casi cuatro años de proceso judicial, la justicia salteña resolvió el sobreseimiento total y definitivo de Mercedes Yolanda Vargas, la madre que fue acusada injustamente tras la trágica muerte de sus dos hijos en un incendio.
La acusación se basó en testimonios dudosos, incluyendo el del subcomisario local y el del padre de los niños, quien había sido denunciado por no pagar la cuota alimentaria. Mientras tanto, declaraciones a favor de Yolanda fueron ignoradas.
El juez Federico Oyarzú fundamentó la absolución en la doctrina de la “pena natural”, la cual reconoce que el sufrimiento extremo de una persona puede tornar innecesaria la imposición de una sanción penal.
“Las consecuencias del hecho sufridas por la acusada son de inusitada gravedad. No sería útil ni necesaria la aplicación de una pena a quien ya ha sufrido tan grave daño“, sostiene el fallo.
De la tragedia a la persecución judicial
En febrero de 2021, Yolanda, una joven madre de 26 años, sufrió la peor pérdida imaginable: sus dos hijos, Thiago y Melanie, de 4 y 6 años, murieron calcinados en su humilde vivienda en Colonia Santa Rosa.
El incendio fue provocado por un cortocircuito en el medidor de electricidad mientras ella había salido brevemente a comprar alimentos.
Lejos de recibir contención y apoyo, la justicia la acusó de abandono de persona, una imputación que podría haberla llevado a cumplir hasta 20 años de prisión. Este proceso judicial fue cuestionado desde un principio por organizaciones de derechos humanos, que denunciaron la criminalización de la pobreza y la maternidad en contextos vulnerables.
El juicio contra Vargas estaba previsto para este 3 de febrero, pero fue suspendido luego de que la defensa presentara un informe psicológico que demostraba su frágil estado emocional y el impacto del duelo.
Dos días después, la justicia resolvió su sobreseimiento total y definitivo, reconociendo que no existían fundamentos para sostener la acusación.
El caso de Yolanda deja expuesta la desigualdad estructural en la justicia, que muchas veces persigue a las mujeres más vulnerables en lugar de protegerlas.
Su absolución es un paso hacia la justicia, pero también una advertencia sobre la necesidad de un cambio en la forma en que el sistema judicial aborda la maternidad y la pobreza.
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