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Femicidio de las turistas Francesas: Crearon una Unidad Fiscal Especializada ¿habrá justicia definitiva?

Esta decisión surge tras el fallo del Tribunal de Impugnación Sala IV, que el 30 de diciembre de 2024 sobreseyó a Santos Clemente Vera, uno de los condenados, debido a irregularidades procesales y al tiempo transcurrido sin una resolución definitiva.

El Ministerio Público Fiscal de Salta ha conformado una Unidad Fiscal Especializada para retomar la investigación del asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.

La nueva unidad está integrada por la fiscal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Unidad de Femicidios; el fiscal penal de Transición, Pablo Rodrigo Paz; y el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González.

Su objetivo es profundizar en la recolección de nuevas evidencias y reevaluar las pruebas existentes, aplicando un enfoque multidisciplinario para agotar todas las líneas de investigación disponibles.

Sin embargo, esta reapertura ha generado críticas. La exsenadora romerista Sonia Escudero advirtió que “la causa está al borde de la prescripción, que se produciría a los 15 años del crimen, por lo que la investigación debería avanzar con rapidez y eficiencia para evitar que los responsables queden impunes”.

Por su parte, el abogado José Vargas, defensor de Santos Clemente Vera, el lugareño criminalizado por el crimen y luego puesto en libertad despues de 12 años de carcel injusta, destacó la importancia de que las acciones anunciadas por el procurador general, Pedro García Castiella, se materialicen efectivamente.

Vargas recordó que Vera fue sobreseído el 30 de diciembre de 2024 y no puede ser implicado nuevamente en la causa, enfatizando que, tras más de una década de prisión, “por fin va a vivir libremente”. 

El procurador García Castiella subrayó que “la acción penal sigue vigente y que es responsabilidad del Estado garantizar una investigación exhaustiva, imparcial y eficiente, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos”.

Además, se contempla la colaboración con el Gobierno de Francia, en virtud del convenio bilateral de asistencia judicial en materia penal, para fortalecer las pericias científicas necesarias.

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