En la carta, la denunciante detalla que presentó más de diez denuncias penales por coacción psicológica, amenazas, estafa, impedimento de contacto y abandono económico, con pruebas documentales, testigos y registros de audiencias.
Ana S. hizo pública una carta abierta dirigida al gobernador, al procurador y al ministro de Justicia provincial, donde denuncia cinco años de violencia psicológica, económica y judicial ejercida por su ex marido, el empresario Martín M., dueño de un importante molino de la provincia.
El caso, que ya se encuentra en el Juzgado de Familia N.º 4 de Salta, expone un cuadro de violencia vicaria: desde hace once meses, la mujer asegura que se le impide el contacto con su hija menor, a pesar de existir intimaciones judiciales y un régimen de comunicación vigente.
Afirma que las causas fueron rechazadas o demoradas en distintos fueros judiciales, incluso en la Fiscalía de Rosario de Lerma, donde, según señala, “se devolvieron armas a quien había sido denunciado por amenazas de muerte” y se cerraron causas graves.
También asegura que su ex marido presentó documentación falsa para justificar el pago de una cuota alimentaria de 36.000 pesos mensuales, pese a ser titular de dos empresas, y que incumplió el régimen de cuidado compartido establecido en noviembre de 2024 por la Asesora de Menores.
La madre sostiene que por ejemplo, para la audiencia de autorización de un viaje al exterior, fue notificada el mismo día en que se presentó el trámite, mientras que otras solicitudes de revinculación y aclaratorias de sentencia llevan semanas sin resolverse.
El expediente cuenta con medidas cautelares de comunicación aún vigentes, que según la denunciante, no se cumplen desde hace casi un año.
En su carta, la mujer asegura que sus hijos mayores también fueron víctimas de violencia psicológica y abandono económico durante sus estudios universitarios, y denuncia que uno de ellos, con una enfermedad crónica, quedó sin cobertura médica por incumplimientos paternos.
“El delito de impedir, restringir o alejar a un niño del cuidado y el afecto de uno de sus progenitores constituye maltrato infantil”, remarcó, citando a especialistas en psicología. Finalmente, pidió una audiencia con autoridades provinciales y nacionales para que se revisen todas sus denuncias y se adopten medidas urgentes: “Mis hijos y yo exigimos lo mínimo que corresponde en un Estado de Derecho: protección, verdad y justicia”.
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