Un decreto que reordena el poder silencioso: Milei amplió las facultades de la SIDE

El Gobierno nacional formalizó este viernes una modificación de la Ley de Inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que redefine el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y amplía sus atribuciones. La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo el número 941/2025 y había sido anticipada por el Poder Ejecutivo en los últimos días.

Según el texto oficial, la reestructuración busca “mejorar la integración, especialización, eficiencia, control y legitimidad” del sistema de inteligencia nacional, con el objetivo de fortalecer su capacidad frente a amenazas internas y externas. La decisión, sin embargo, generó un inmediato rechazo de sectores de la oposición, que expresaron preocupación por el alcance de las nuevas facultades otorgadas al organismo.

Uno de los aspectos más controvertidos del decreto es la habilitación para que el personal de inteligencia pueda aprehender personas en situaciones puntuales. La normativa establece que esta facultad solo podrá ejercerse en casos de flagrancia, auxilio o requerimiento judicial, y obliga a dar aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad competentes.

El DNU también dispone que todas las actividades de inteligencia tengan carácter encubierto. De acuerdo con el Ejecutivo, se trata de acciones sensibles orientadas a reducir el “riesgo estratégico nacional” y a evitar filtraciones que puedan comprometer la seguridad del Estado.

Un nuevo esquema de coordinación

La modificación introduce cambios en la estructura del sistema de inteligencia. En ese marco, se crean dos nuevos ámbitos permanentes de coordinación. El primero es la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El segundo espacio es la Comunidad Informativa Nacional, que estará compuesta por organismos del Sector Público Nacional que producen información relevante para la inteligencia estratégica. Entre ellos se encuentran la Dirección Nacional de Migraciones, el Renaper, la Aduana, la Cancillería y otras áreas vinculadas a sectores considerados sensibles.

De acuerdo con el decreto, la creación de estos ámbitos apunta a mejorar la integración entre los subsistemas criminal, militar y financiero, reducir duplicaciones y superposiciones de tareas y revalorizar el rol de la inteligencia como insumo para la elaboración de políticas públicas.

Continuidad en la conducción

La norma no introduce cambios en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Cristian Auguadra continuará al frente del organismo, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra desarrolló su carrera dentro de la estructura de inteligencia y asumió la conducción tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos.

Mientras el Gobierno sostiene que la medida fortalece los controles legales, presupuestarios y técnicos del sistema y busca consolidar la confianza ciudadana, desde la oposición advirtieron sobre el riesgo de un uso discrecional de las nuevas atribuciones y alertaron sobre posibles prácticas de espionaje político. El debate en torno al alcance del DNU promete ocupar un lugar central en la agenda política de los próximos días.

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