Marcha atrás en el Congreso: El Gobierno retira proyecto clave sobre imputabilidad juvenil

En un movimiento sorpresivo a pocas horas del inicio del debate parlamentario, el Gobierno Nacional resolvió retirar el proyecto de Régimen Penal Juvenil que había ingresado este lunes a la Cámara de Diputados y que proponía bajar a 13 años la edad de imputabilidad. La decisión se tomó ante la falta de consenso político para avanzar con ese punto central de la iniciativa.

Según confirmaron fuentes legislativas, el oficialismo optó por retroceder y retomar el dictamen anterior trabajado en comisión, que establece la edad de imputabilidad en 14 años. Ese umbral cuenta con mayor respaldo entre los bloques dialoguistas y ya había permitido al Gobierno alcanzar un dictamen de mayoría durante el año pasado.

De este modo, el texto que volverá a ponerse en discusión mantiene buena parte de la estructura del régimen penal juvenil debatido en 2025, aunque incorpora ajustes clave respecto de la versión enviada por el Poder Ejecutivo en las últimas horas.

El dictamen que se retomará conserva un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito, con prioridad en medidas alternativas a la privación de la libertad. Entre ellas se incluyen programas educativos, servicios comunitarios, reparación del daño y tratamientos psicológicos. La prisión seguirá reservada exclusivamente para delitos graves y se aplicará en institutos especializados, sin contacto con población adulta.

Otro de los puntos que se mantiene es la posibilidad de que el Estado nacional celebre convenios con las provincias para la implementación del régimen. Esta cláusula responde a un reclamo de los gobernadores, quienes habían advertido sobre el impacto presupuestario que la reforma podría tener en los distritos.

El principal aspecto que quedó descartado es la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, una propuesta impulsada por sectores del oficialismo pero que no logró respaldo suficiente, ni siquiera entre aliados legislativos como el PRO, que insistieron en sostener el límite en 14 años.

Pese al retiro del proyecto original, el Gobierno decidió conservar uno de los elementos incorporados en la última versión: la explicitación del costo fiscal del régimen. Según el texto, la implementación tendrá un costo estimado de $23.739.155.303, que se financiarán con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.

De acuerdo al enfoque oficial, el mayor impacto presupuestario no estará vinculado a la infraestructura, sino a los costos de funcionamiento, especialmente a la contratación de personal especializado como médicos, psicólogos y supervisores, considerados fundamentales para el sistema.

Con este repliegue, el oficialismo busca destrabar el debate legislativo y avanzar con una reforma que, aunque más acotada que la planteada inicialmente, tenga posibilidades concretas de ser tratada y votada en el recinto en la sesión prevista para el próximo jueves.

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