Mala praxis y violencia obstétrica en la Clínica San Antonio de Tartagal: el Procurador ordenó la intervención de una fiscalía especializada
La investigación por las muertes de Valentina Cabana, de 15 años, y de su hija recién nacida, Isabelle Evangeline Cabana, registró un giro importante luego de que el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, dispusiera la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) N° 1 del Distrito Judicial Centro.
El caso conmocionó al norte salteño en octubre de 2025. Según la denuncia presentada por la familia, Valentina ingresó a la Clínica San Antonio de Tartagal para dar a luz mediante una cesárea cuando cursaba un embarazo de término. La intervención estuvo a cargo del médico ginecólogo obstetra Sergio Ocampo, quien además es uno de los propietarios del establecimiento privado.
De acuerdo con la denuncia, tras la cesárea la adolescente comenzó a presentar fiebre, fuertes dolores, inflamación y pérdida de líquido con mal olor por la herida quirúrgica. Pese a esos síntomas, recibió el alta médica y su cuadro continuó agravándose en los días posteriores.
Luego de una nueva internación y una segunda intervención quirúrgica en la misma clínica, finalmente fue derivada a la ciudad de Salta. Allí permaneció internada en terapia intensiva, donde debió ser sometida a nuevas cirugías. Sin embargo, falleció como consecuencia de una sepsis provocada por una bacteria de alta agresividad contraída en el ámbito quirúrgico, según consta en el acta de defunción.
Días después también murió su hija, Isabelle Evangeline, quien permanecía internada en el Hospital Materno Infantil. La familia sostiene que existieron fallas en la atención médica, demoras en la derivación a un centro de mayor complejidad y posibles hechos de violencia obstétrica.
La denuncia penal apunta a determinar si existieron responsabilidades en la atención brindada a la joven madre y a su hija. Durante meses, Mariana Aranda, madre de Valentina y abuela de la bebé, denunció públicamente la falta de avances en la investigación.
En uno de los reclamos más impactantes, Aranda caminó cerca de 340 kilómetros desde el norte salteño hasta la ciudad de Salta para exigir justicia por la muerte de su hija y de su nieta. La mujer también encabezó movilizaciones en General Mosconi y Tartagal, reclamando respuestas de la Justicia y medidas concretas para esclarecer lo ocurrido.
En ese contexto, el pasado 16 de junio fue recibida por el procurador general Pedro García Castiella. Días antes también había mantenido una reunión con el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, junto a los abogados que representan a la familia.
Durante el encuentro, Aranda expuso sus inquietudes respecto del avance de la causa y solicitó la adopción de medidas tendientes a profundizar la investigación.
Tras analizar las actuaciones remitidas y las particularidades del expediente, García Castiella dictó la Resolución N° 1739/26, mediante la cual dispuso la asignación de la causa a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 del Distrito Judicial Centro, a cargo del fiscal penal Santiago López Soto.
La resolución señala que la medida busca garantizar la máxima eficiencia en la representación del Ministerio Público Fiscal y fortalecer la investigación mediante la intervención de un área especializada.
La decisión representa uno de los avances más significativos registrados en la causa desde que ocurrieron los hechos y se produce tras meses de reclamos de la familia, que continúa exigiendo que se determinen las responsabilidades por las muertes de Valentina e Isabelle Evangeline Cabana.
📌 Publicado por Diario InfoSalta
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