Política

La reforma laboral divide al Senado y el PJ sale a sumar aliados

La discusión por la reforma laboral vuelve a tensar el escenario político en el Senado de la Nación. Mientras el oficialismo libertario busca reunir los votos necesarios para avanzar con una iniciativa que modifica el esquema de derechos laborales, el peronismo observa que aún no están garantizadas las voluntades y prepara una estrategia para bloquear el proyecto, incluso sumando apoyos por fuera de su bloque tradicional.

El impulso para reactivar el debate llegó de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien anunció que a mediados de enero iniciará una ronda de reuniones con senadores de distintos espacios para intentar construir los consensos que le permitan al Gobierno llevar el proyecto al recinto y obtener media sanción. La funcionaria ya había intentado avanzar en diciembre, pero no logró reunir los votos necesarios.

Según un informe publicado por Infobae, La Libertad Avanza cuenta actualmente con 20 senadores propios. A ese número podrían sumarse tres legisladores del PRO. Incluso en el escenario más favorable para el oficialismo (suponiendo el respaldo de los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, algo que hoy aparece como poco probable) el número seguiría siendo insuficiente para aprobar la iniciativa.

En ese contexto, el Partido Justicialista trabaja en dos frentes: rechazar la reforma impulsada por el Gobierno y, en paralelo, elaborar un proyecto alternativo. El interbloque Justicialista reúne a 33 senadores, incluyendo a dos del Frente Cívico por Santiago del Estero y a cinco del bloque Convicción Federal, que se definen como peronistas pero no integran Fuerza Patria.

Dentro de este último grupo se encuentran Guillermo Andrada, de Catamarca, cercano al gobernador Raúl Jalil; Sandra Mendoza, de Tucumán, alineada con Osvaldo Jaldo; y Carolina Moisés, peronista de Jujuy, enfrentada a Cristina Fernández de Kirchner y a La Cámpora tras la intervención del partido en su provincia. Cuatro de los cinco integrantes de Convicción Federal acompañaron a La Libertad Avanza en la aprobación del Presupuesto 2026, lo que genera dudas sobre su posicionamiento frente a la reforma laboral.

“No los damos por perdidos, pero son difíciles. El Gobierno le tira plata a los gobernadores y ellos mandan a levantar la mano”, reconoció una fuente del bloque Justicialista. “Vamos a tener que buscar a estos y a los sueltos”, agregó.

En la mira del PJ aparecen también los denominados “senadores sueltos”, un grupo de 11 legisladores que responden a fuerzas provinciales y a gobernadores de distinto signo político. Entre ellos se encuentra la salteña Flavia Royón, ex secretaria de Energía y Minería, que responde al gobernador Gustavo Sáenz. También integran este grupo Edith Terenzi, vinculada al gobernador de Chubut, Ignacio Torres; José María Carambia y Natalia Elena Gadano, de Santa Cruz, cercanos al gobernador Claudio Vidal; y Julieta Corroza, alineada con el gobernador neuquino Rolando Figueroa.

La lista se completa con Beatriz Ávila, del bloque Independencia y cercana al gobernador tucumano; Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia Social de Misiones, que responden a Carlos Rovira; Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas; otra banca de La Neuquinidad; y Luis Juez, del monobloque Frente Cívico de Córdoba.

La posición de este grupo aparece como incierta. La mayoría acompañó el Presupuesto elaborado por la Casa Rosada, que incluyó recortes sensibles como el financiamiento a las universidades nacionales. Sin embargo, según el mismo informe, varios gobernadores miran con preocupación el paquete impositivo que acompaña la reforma laboral, en particular la baja del Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable que impacta directamente en las arcas provinciales.

Con este escenario abierto y negociaciones cruzadas, el futuro de la reforma laboral en el Senado permanece indefinido y se perfila como uno de los principales focos de disputa política en el arranque del año legislativo.

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