NO FUE JUSTICIA: EL EX INTENDENTE DE LAS LAJITAS MATÓ A UN COSECHERO Y SU HIJO, PERO LE DIERON TRES AÑOS DE “CONDICIONAL”
El juicio, llevado a cabo en Metán, concluyó con una pena escandalosa, que termina verificando que pertenecer al poder político anteño tiene sus beneficios.
En una sentencia que ha indignado a la comunidad de Anta, esta mañana se dió a conocer la condena al ex Intendente de Las Lajitas, Alberto Fermani, por un trágico accidente que cobró la vida de Miguel Aguirre un jornalero y su hijo Fernando, de tan solo 13 años, que fueron arrollados por la 4×4 del ex funcionario cuando iban a trabajar.
El juez Ramón Alberto Haddad fue el encargado de dictar la vergonzosa pena, a pedido de la fiscal María Celeste García Pisacic que representó al Ministerio Público Fiscal y solicitó una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta y la inhabilitación por 5 años para conducir. El juez dictaminó la misma sentencia, haciendo lugar a lo solicitado por la Fiscal.
A pesar de los cargos de “Homicidio culposo agravado”, la condena fue menor a lo establecido por ley (el art. 84 Bis del Código Penal establece que será reprimido con prisión cinco (5) a diez (10) años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte) ha generando controversia sobre la influencia política en el caso.
El incidente ocurrió en el año 2020 cuando, según las investigaciones, el ex intendente regresaba de una fiesta a las siete de la mañana y arrolló al hombre de 37 años, y a su hijo Fernando, quiénes se dirigían a cosechar tomates. Miguel falleció después de un mes de lucha en el hospital San Bernardo.
El ex Intendente ha sido objeto de múltiples acusaciones en el pasado, incluyendo una imputación por usurpación de una propiedad municipal en 2017 y un incidente en 2019 dónde un obrero municipal perdió la vida electrocutado mientras realizaba trabajos en la casa del ex funcionario.
En ambos casos, la justicia parece haber mostrado una pasividad inexplicable, otorgando beneficios inesperados al imputado.
Cabe mencionar que ni siquiera hay fecha de juicio por el hecho de la usurpación de la casa, propiedad del municipio.
Este caso muestra la desigualdad ante la ley y la influencia del poder político en el sistema judicial del sur salteño.
