Se conoce otro capítulo del caso que sacudió el establecimiento carcelario el pasado diciembre y revela una trama aún más intrincada de irregularidades.
El penal de Villa las Rosas vuelve a estar en el ojo del huracán tras la desaparición de documentos cruciales que comprometen al Sub Director General Prefecto Mayor Víctor Martínez
El viernes 12 de abril, justo antes de ser pasado a disponibilidad, Martínez habría hecho desaparecer papeles firmados que beneficiaban a internos, según fuentes internas del penal que se comunicaron con InfoSalta.
Recordemos que en diciembre, jefes del servicio penitenciario fueron detenidos y pasados a disponibilidad por aceptar sobornos a cambio de beneficios para los presos, incluyendo el ingreso de estupefacientes.
También dos hermanas, de 18 y 21 años respectivamente, están entre las 16 personas imputadas en este caso, que ha conmocionado a la opinión pública.
Sin embargo, la implicación del Sub Director General Prefecto Mayor Martínez arroja nuevas sombras sobre la integridad del sistema penitenciario.
Fuentes confidenciales dentro del penal han denunciado además el presunto maltrato que este Sub Director General, ejercía sobre el personal y las sanciones injustas que aplicaba.
Estas fuentes que piden reguardo, y solicitan al Ministerio Público Fiscal que estas acusaciones, sumadas a la desaparición de documentos comprometedores, sean investigadas.
Cabe mencionar que en enero pasado, el Ministerio Público Fiscal presentó una apelación ante el Tribunal de Impugnación, por el arresto domiciliario a los jefes del Servicio Penitenciario
Según la Unidad Fiscal:“SOBRARON Y SOBRAN FUNDAMENTOS PARA EL PEDIDO Y DICTADO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, cuya finalidad es el análisis de mérito de riesgo procesal y no de elementos convictivos de participación y calificación” y que “que ante la gravedad y cantidad de hechos que están en curso de investigación se puede prever que la condena va a ser inexorablemente de cumplimiento efectivo, tanto por las exacciones ilegales agravadas, más allá de su mínimo legal conminado en abstracto, como sin duda alguna por la escala penal de los delitos relacionados con estupefacientes cuyo mínimo legal es de 6 años conforme las agravantes imputadas”.
Estas acusaciones de recibir dinero a cambio de beneficio por parte de las autoridades de los penales se traslada también a la ciudad de Metán dónde familiares de algunos internos denunciaron públicamente que si no entregaban los guardiacárceles les pedían, en muchos casos no podían ni siquiera visitar a los internos.
